El Consejo de Ministros nombró ayer a la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática, a pesar de que dicha designación, realizada a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contaba con la oposición mayoritaria del Consejo Fiscal.
Dos asociaciones de fiscales que tienen una representación mayoritaria en el Consejo Fiscal, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, se dirigieron el pasado lunes a través de sendos escritos al Ejecutivo para pedirles que no nombrara a Delgado al considerar que se trata de una designación nula de pleno derecho. En concreto la Asociación de Fiscales lo solicitaba “por concurrir causa de nulidad de pleno Derecho, conforme a los hechos y los fundamentos jurídicos que se exponen a continuación”… en entre otros argumenta que Delgado mantiene una relación sentimental con Baltasar Garzón, quien lleva asuntos de esta índole desde su fundación personal (FIBGAR).
Las dos asociaciones, que han anunciado que estudian recurrir el nombramiento ante el Tribunal Supremo, mantienen que la designación de la exministra de Justicia podría devenir nula porque más de la mitad de los vocales del Consejo donde se estudió su nombramiento no informaron acerca de esta propuesta. Según explicaron estas asociaciones, se pidió al fiscal general del Estado, Álvaro García, al comienzo de la reunión que retirara del orden del día el nombramiento de Delgado para estudiar en un primer lugar si concurría algún tipo de incompatibilidad para ejercer como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Además, ambas asociaciones criticaron al fiscal general por ignorar las «razones de ética y estética» al proponer a su antecesora al cargo para ocupar la plaza de esta Fiscalía de Sala de nueva creación.
Un nombramiento “transparente”, según el Gobierno
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmó la designación de Delgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según defendió, dicho nombramiento no supone un ascenso en la carrera de la ex fiscal general, que ya tiene rango de fiscal de sala, y subrayó que se trata de un procedimiento «absolutamente transparente» cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Rodríguez indicó que el Gobierno ha actuado en el marco de la ley y recordó que con el nombramiento se cumple la Ley de Memoria Democrática, que creó esa fiscalía especializada para atender a las víctimas. «Lo correcto es no privarlas de esa fiscalía», concluyó.
