La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Gobierno retomará su plan para reformar la Constitución en cuatro puntos y, además, estudiará posibles cambios en la Ley de Régimen Electoral, para lo que pedirá «con carácter inmediato» un informe al Consejo de Estado sobre las posibles reformas.
De la Vega, que compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas fundamentales de la acción del Gobierno en los próximos cuatro años, anunció que el Ejecutivo tratará de "recabar el consenso necesario" para llevar a cabo la reforma de la Constitución que no fue posible en la anterior legislatura por "falta de consenso", y que calificó de "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social".
Así, precisó que la reforma, que debe ser "pactada y limitada", pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea.
La 'número dos' del Gobierno recordó que ya en la legislatura pasada el Ejecutivo dio pasos para la reforma, pidiendo un dictamen del Consejo de Estado y reformando este órgano "para que pudiera realizar una mayor contribución a esta tarea", aunque no se refirió al contenido del dictamen que hizo el Consejo.
En cuanto a la reforma de la ley electoral –una iniciativa que el programa electoral del PSOE sólo recogía en lo relativo a crear una circunscripción para los españoles en el exterior– recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en su discurso de investidura que promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la ley electoral, "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible".
En la misma línea, solicitará "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo".
La vicepresidenta, que comenzó su intervención subrayando el empeño del Gobierno socialista en defender y promover la igualdad, y que así lo demuestra la formación de un Ejecutivo con más mujeres que hombres.
Tras hacer un balance satisfactorio de las medidas aprobadas en la legislatura pasada para "elevar el listón democrático" y mejorar los derechos sociales, recordó que el Ejecutivo promoverá una Ley Integral para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación y anunció que aprobará un Plan de Derechos Humanos antes de que termine el año para vertebrar la actuación de todos los poderes públicos.
También presentará en breve el plan contra la trata internacional de seres humanos que, dijo, está "en una fase muy avanzada de elaboración" y firmará el Convenio Europeo contra la Trata y apoyará la creación de una Agencia Europea de Derechos Fundamentales en la UE.
CANDIDATURA AL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU
En materia de Derechos Humanos, la vicepresidenta confirmó que el Gobierno ya ha presentado su candidatura para que España forme parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU –que sustituye a la antigua Comisión– y está recabando los apoyos necesarios para lograrlo.
Además, revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso", promoverá el desarrollo reglamentario de la Ley de Asociaciones y de las leyes de la Memoria Histórica y para la restitución o compensación a los partidos políticos por los bienes y derechos incautados en 1936-1939.
DEFENSA DE DERECHOS INDIVIDUALES
En este sentido, aprovechó para advertir de que el Gobierno para trabajará para preservar derechos fundamentales individuales, concretamente a la intimidad, la confidencialidad y la salud y la libertad religiosa frente a "hechos y decisiones acaecidas en los últimos meses" que, afirmó, "han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio" de alguno de estos derechos.
Así, mencionó en concreto "el caso de mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad" en el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la suscripción de un convenio por el que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte del comité de ética de cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid.
En este punto, incidió en que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha medidas para proteger estos derechos. "Decía Platón que la libertad está en ser dueños de la propia vida", afirmó, para advertir de que la protección de la intimidad es uno de los fundamentos del sistema democrático, por lo que el Gobierno estará atento "a toda vulneración de ese ámbito en el que sólo uno mismo es soberano de su propia vida".
ESTADO DE LAS AUTONOMIAS
De la Vega anunció asimismo que el Ejecutivo revitalizará la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos para que sea "un actor fundamental" en el desarrollo del Estado de las Autonomías y de las reformas estatutarias y hará preceptivo que todos los proyectos normativos incorporen un Informe de Impacto Autonómico para ver cómo se ven afectadas éstas por cada norma estatal.
Además, quiere institucionalizar las conferencias de presidentes autonómicos y fomentar el funcionamiento regular de las conferencias sectoriales.
El Gobierno, añadió, se propone "mejorar el rendimiento" del Estado de las Autonomías y reducir los litigios entre comunidades y Gobierno central. Así, aseguró que el Ejecutivo "prestará especial atención a la elaboración de sus normas" para garantizar que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta recalcó que el Ejecutivo pretende gobernar con "igualdad, diálogo, respeto, cooperación, voluntad de acuerdo, vocación de consenso y transparencia", además de aumentar la eficacia y la coordinación de todos los departamentos de gobierno, y puso como ejemplo la creación de nuevas comisiones delegadas, de las que cuatro –Política de Inmigración, Lucha contra el Cambio Climático, Política de Igualdad y Cooperación al Desarrollo–.
De la Vega insistió en que el Ejecutivo mantendrá su compromiso de control y transparencia con el Parlamento y adelantó que en las próximas semanas se pondrá en marcha un sistema de respuesta por medios electrónicos entre Gobierno y Congreso.
La vicepresidenta aprovechó además para subrayar ante los diputados la necesidad de renovar "algunos órganos constitucionales", en referencia al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. "Hay interinidades que resultan ya inexplicables", argumentó.
Entre las prioridades del Ejecutivo para la legislatura, De la Vega mencionó además la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 –"está en juego el prestigio de nuestro país y la proyección en Europa", dijo– y la celebración de acontecimientos como la Expo de Zaragoza, la Copa América en Valencia y los bicentenarios de la Guerra de la Independencia, de las independencias americanas y de la Constitución de Cádiz.
La 'número dos' del Gobierno cerró su comparencia refiriéndose al Centro de Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral (CEPRECO), creado con motivo del vertido del Prestige, que seguirá teniendo base en A Coruña y se dedicará a la prevención de la contaminación marítima.
Se refirió también al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que el Ejecutivo quiere "consolidar como centro de referencia nacional e internacional" y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para destacar que el Gobierno ha puesto fin "a su uso partidista".
