El pasado viernes el Consejo de Ministros solicitó a Francia la extradición del miembro de ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, detenido en ese país el pasado 19 de mayo. La petición de extradición procede del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional donde se le imputa un presunto delito de atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato y 63 delitos de asesinato frustrado por el atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, se refirió a ETA como la organización terrorista "más mortífera de las que han actuado en España" y afirmó que "quienes infligieron tanto dolor hoy deben saber que la justicia siempre les exigirá la rendición de cuentas".
Celaá tuvo un especial recuerdo para "los inocentes que fueron asesinados" y se sumó en nombre del Gobierno al reconocimiento que se les tributó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados durante el día del homenaje a las víctimas del Terrorismo. La ministra también agradeció su labor para acabar con ETA a todos los demócratas, a las fuerzas de seguridad del Estado y "a quienes desde la política contribuyeron a acabar con esa pesadilla".
Un complejo proceso de extradición
El dirigente de ETA fue detenido en Francia el pasado 19 de mayo para cumplir una condena de ocho años de prisión impuesta por la justicia francesa en junio de 2017 por su pertenencia al aparato político de la banda terrorista. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París decretó su libertad vigilada mediante un dispositivo telemático permanente debido a sus problemas de salud, además de imponerle, como medida cautelar, comparecencias semanales en una comisaría de la capital.
Urruticoechea Bengoechea volvió a ser enviado a prisión -esta vez con fines de extradición- el pasado 19 de junio después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordara a las autoridades francesas que estaban en vigor varias órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra él. Comenzó a contar entonces un plazo de 40 días para remitir al país vecino la solicitud de extradición, plazo que expira el próximo 29 de julio.
Existe otra causa abierta contra el dirigente de ETA y que también requerirá un acuerdo del Consejo de Ministros que solicite la extradición. Se trata del asesinato de Luis María Hergueta, directivo de la factoría Michelin de Vitoria que murió tiroteado en las cercanías de su domicilio el 25 de junio de 1980. Urruticoechea está encartado por esos hechos en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un delito de asesinato terrorista.
En esos dos casos no rige el procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) -el habitual entre los Estados miembros de la Unión Europea y mucho más ágil- debido a que la legislación francesa impide recurrir a este último instrumento de cooperación comunitario para hechos delictivos anteriores al 1 de noviembre de 1993.
Una vez solicitada la extradición de Urruticoechea por el Consejo de Ministros, la documentación del caso se remitirá por valija diplomática a Francia para que la magistrada española de enlace en París la haga llegar a los tribunales de ese país.
Además de estos dos procesos, en la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas por las que se le reclama pero que, al tramitarse por el procedimiento de la OEDE, no requerirán intervención del Consejo de Ministros. La primera procede del Juzgado Central de Instrucción 3 por un supuesto delito de lesa humanidad. El Juzgado Central de Instrucción 5 mantiene abierta una segunda por financiación del terrorismo.
