- La consejera permanente María Luisa Carcedo ha recogido la Medalla de Honor de manos de la vicedecana Isabel Winkels
En reconocimiento a su contribución a la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho desde su fundación hace exactamente 500 años, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha distinguido al Consejo de Estado con su Medalla de Honor. La entrega del máximo reconocimiento colegial ha tenido lugar durante la ceremonia anual de homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, celebrada este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La vicedecana Isabel Winkels ha sido la encargada de explicar los méritos que justifican el reconocimiento antes de entregar la Medalla de Honor a María Luisa Carcedo, consejera permanente del Consejo de Estado y exministra de Sanidad. En su laudatio, Winkels ha destacado especialmente la independencia de criterio y el rigor jurídico de una institución cuya autoridad, ha señalado, «no procede de la capacidad de imponer, sino de la independencia de su criterio, del rigor de sus dictámenes y del respeto que inspira su saber jurídico».
Cinco siglos de independencia y autoridad jurídica
La historia del Consejo de Estado se remonta a 1526, cuando Carlos V impulsó en Granada su configuración como órgano de asesoramiento de la Corona en las grandes cuestiones de Estado. Desde entonces, la institución ha acompañado las principales transformaciones políticas y jurídicas de España, desde la Monarquía de los Austrias hasta el actual sistema constitucional.
La Constitución de 1812 incorporó expresamente al Consejo de Estado a la organización institucional española y, más de siglo y medio después, la Constitución de 1978 consagró en su artículo 107 su condición de supremo órgano consultivo del Gobierno.
Para Winkels, esa trayectoria revela algo más que la longevidad de una institución. «Las instituciones verdaderamente duraderas son aquellas que saben adaptarse a los tiempos sin renunciar a los principios que justifican su existencia», ha afirmado la vicedecana, destacando la capacidad del Consejo de Estado para mantener su independencia y rigor jurídico a través de las distintas etapas de la historia de España.
Para explicar el fundamento de su autoridad, Winkels ha recurrido a la distinción clásica entre la potestas, entendida como la facultad de mandar, y la auctoritas, que nace del conocimiento, la experiencia y el prestigio. «La primera podía imponer una decisión. La segunda era capaz de orientar esa decisión por la fuerza de sus argumentos», ha señalado, situando en esa autoridad basada en el conocimiento y la independencia de criterio una de las principales señas de identidad del Consejo de Estado.
Esa independencia de criterio constituye también uno de los principales motivos de la distinción concedida por el ICAM. En su acuerdo, aprobado por unanimidad el pasado 22 de octubre a propuesta del decano y del secretario de la Junta de Gobierno, el Colegio reconoce que los dictámenes del Consejo de Estado han contribuido durante generaciones a preservar la coherencia del ordenamiento jurídico, mejorar la calidad de las normas y fortalecer las garantías del sistema constitucional.
El reconocimiento refleja asimismo la importancia que la abogacía atribuye a unas instituciones sólidas y a un marco jurídico estable para garantizar la defensa efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. El acuerdo de concesión destaca, en este sentido, la tradición compartida por ambas instituciones de independencia de criterio, respeto a la legalidad y servicio al interés general.
Al recoger la Medalla de Honor, María Luisa Carcedo ha agradecido al ICAM una distinción que supone «un broche a la celebración» del quinto centenario del Consejo de Estado y que adquiere un significado especial por proceder de una institución con la que comparte siglos de historia y la responsabilidad de dejar «una impronta positiva y reconocible».
La consejera permanente ha destacado tres vínculos fundamentales entre ambas instituciones: su larga tradición histórica, el protagonismo de la abogacía en su funcionamiento y su compromiso con los principios constitucionales. En particular, ha puesto de relieve la importancia de los profesionales del Derecho para el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho, así como la responsabilidad de quienes hoy integran ambas instituciones de preservar y enriquecer el legado recibido.
Carcedo ha recordado además que ambas instituciones encuentran su legitimidad actual en la Constitución Española, que reconoce el papel de los colegios profesionales y del Consejo de Estado en sus artículos 36 y 107. Su actuación, ha señalado, debe ajustarse a los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Finalmente, ha expresado su deseo de que ambas instituciones sigan cumpliendo siglos como reflejo de la continuidad democrática y de su servicio a la ciudadanía.
Cerca de 450 letrados, 25 años de ejercicio y una profesión esencialmente humana
La ceremonia ha servido también para reconocer la trayectoria de cerca de 450 abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, una generación que ha vivido profundas transformaciones jurídicas, sociales y tecnológicas desde su incorporación al ejercicio de la abogacía en 2001.
En su intervención ante los homenajeados, el decano Eugenio Ribón ha recordado cómo era la profesión hace un cuarto de siglo, cuando España estrenaba una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, los expedientes llenaban de papel los despachos y la relación con los tribunales era esencialmente presencial. Desde entonces, los profesionales han tenido que adaptarse a innumerables reformas legislativas, crisis económicas, una pandemia y una revolución tecnológica que ha llevado la inteligencia artificial hasta el ejercicio cotidiano del Derecho.
Pese a esos cambios, Ribón ha reivindicado aquello que permanece en el ejercicio de la abogacía: su compromiso con las personas. «Por mucho que cambien las leyes, las tecnologías o las instituciones, la razón de ser de nuestra profesión sigue siendo profundamente humana», ha señalado el decano.
Una dimensión que, según ha explicado, exige mucho más que el conocimiento de las normas. La experiencia profesional permite comprender las circunstancias particulares de cada caso, valorar cuándo un acuerdo puede resultar más beneficioso que una sentencia favorable y ofrecer el mejor consejo jurídico incluso cuando no coincide con las expectativas del cliente.
«Conocer las leyes y saber ejercer el Derecho son cosas distintas», ha recordado Ribón, que ha defendido una concepción de la profesión en la que el éxito no puede medirse únicamente por las victorias judiciales, sino también por la honestidad ante las causas difíciles, la independencia frente a las presiones y el compromiso con la defensa de los derechos de las personas.
En este sentido, el decano ha subrayado que los 25 años de trayectoria reconocidos por el Colegio representan mucho más que la antigüedad profesional. «El tiempo, por sí solo, concede antigüedad. Pero hay otras cosas que únicamente pueden ganarse con el ejercicio: la experiencia, el criterio, la confianza y el respeto de quienes han compartido el camino», ha afirmado.
El compromiso del Colegio con sus profesionales
El homenaje ha permitido también a Ribón recordar las responsabilidades del ICAM con los profesionales a quienes representa. El decano ha reafirmado la obligación del Colegio de defender su independencia, velar por su dignidad profesional, escuchar sus necesidades y acompañarlos ante las dificultades que afrontan en el ejercicio. «Una institución como la nuestra debe demostrar cada día su utilidad a los profesionales a quienes representa», ha señalado Ribón, quien ha asumido personalmente esa responsabilidad.
El decano ha vinculado asimismo la trayectoria de los homenajeados con la historia del ICAM, fundado en 1596, y ha recordado que la continuidad del Colegio durante más de cuatro siglos ha sido posible gracias al trabajo de sucesivas generaciones de abogados y abogadas.
Con la mirada puesta en el futuro, Ribón ha destacado especialmente la importancia de transmitir a los profesionales más jóvenes no solo los conocimientos adquiridos, sino también el criterio, los principios y la responsabilidad que proporciona la experiencia.
Los veinticinco años de colegiación, ha concluido, no representan el final de una carrera, sino una etapa de madurez desde la que seguir contribuyendo a la profesión. El verdadero valor de esas trayectorias, ha recordado, se encuentra en la huella que los abogados han dejado en las personas a las que han defendido.
La ceremonia, conducida por el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, ha concluido con la intervención de la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, quien ha repasado las profundas transformaciones jurídicas que han acompañado a los profesionales homenajeados desde 2001, año en el que se aprobó un nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
Desde entonces, ha recordado, el ordenamiento jurídico ha avanzado en ámbitos como la igualdad entre mujeres y hombres, la protección frente a la violencia de género, los derechos de la infancia y las personas con discapacidad o la privacidad en el entorno digital. Un cuarto de siglo en el que también se han transformado el acceso a la profesión y el funcionamiento de la Justicia.
Pese a esos cambios, Núñez ha subrayado la vigencia de los principios esenciales de la abogacía, desde la independencia y el secreto profesional hasta la responsabilidad de garantizar una defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos. «No hay Estado de derecho sin jueces independientes, sin instituciones sólidas y sin leyes democráticas. Pero tampoco lo hay sin una abogacía libre, preparada y comprometida con la defensa de los derechos y las libertades», ha afirmado.
La delegada del Gobierno ha reivindicado asimismo la función social de una profesión cuya contribución trasciende la defensa de los intereses particulares de cada cliente. En este sentido, ha destacado el papel de los abogados para someter los conflictos al Derecho, establecer límites al poder y evitar situaciones de indefensión. Tras agradecer a los homenajeados sus 25 años de servicio al Estado de derecho, ha extendido el reconocimiento a sus familias y a quienes los han acompañado durante su trayectoria profesional.

