El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado alegaciones al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuyo trámite de audiencia pública concluyó el día 26, con el objetivo de preservar los principios constitucionales de libertad de expresión, pluralismo político y libertad de prensa.
En su análisis jurídico, el ICAM reconoce que, a pesar de la voluntad expresada por el legislador de reforzar la transparencia y la calidad democrática del sistema electoral, existen varias disposiciones contenidas en el texto propuesto pueden implicar una restricción desproporcionada de derechos fundamentales y afectar negativamente a la participación plural en el debate público durante las campañas electorales.
Entre los aspectos destacados de las alegaciones, el ICAM solicita:
- Eliminar la obligación de asistencia a debates en medios públicos (art. 66.3), al considerar que puede vulnerar la libertad de expresión en su vertiente negativa —el derecho a no comunicar— y dar pie a decisiones discrecionales de la Junta Electoral sobre las causas justificadas de ausencia. Se propone sustituir esta obligación por una recomendación no coercitiva y permitir la difusión pública de las ausencias sin calificarlas como justificadas o injustificadas.
- Revisar las obligaciones impuestas a medios de comunicación privados (art. 66.4), a los que se exige respetar principios como la neutralidad informativa o la proporcionalidad bajo supervisión de la Junta Electoral. El ICAM considera que esta previsión podría suponer una injerencia indebida en la libertad editorial, incompatible con el principio constitucional de libertad de prensa. Se propone limitar dichas obligaciones al cumplimiento de la legislación general (no incitación al odio ni difusión deliberada de desinformación) y evitar exigencias de “neutralidad” salvo para medios financiados con fondos públicos.
- Reformular la obligación de publicar microdatos de encuestas (art. 69.1.b), aun cuando estén anonimizados, por el riesgo de reidentificación de individuos y su posible efecto disuasorio sobre la investigación privada. El ICAM sugiere que esta publicación sea potestativa o quede supeditada al cumplimiento de estándares técnicos rigurosos de anonimización verificados por una autoridad independiente, como la Agencia Española de Protección de Datos.
- Modificar el concepto de “grupo político significativo” utilizado como criterio para participar en debates, que actualmente se define por alcanzar al menos un 5 % de los votos válidos. Según el ICAM, este umbral puede excluir injustificadamente a candidaturas emergentes con relevancia política, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades. La propuesta alternativa plantea criterios más flexibles, como el respaldo ciudadano acreditado o la presencia institucional significativa.
Con estas alegaciones, el ICAM busca contribuir de forma constructiva al perfeccionamiento del marco normativo electoral, instando a una revisión del anteproyecto que garantice el equilibrio entre la regulación democrática del proceso electoral y la protección efectiva de los derechos y libertades constitucionales, ajustándolo así, de forma más precisa, al espíritu del Paquete de la Comisión Europea “Defensa de la Democracia” (2020) en el que se enmarca el anteproyecto.
