Corbacho presentó el viernes al Gobierno el Anteproyecto de Ley de sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, del que tanto se viene hablando desde el verano. Se ha optado, como se dijo desde un inicio, por un sistema mixto, entre voluntario y obligatorio. La duración de la protección va desde los 2 a los 6 meses, en función del periodo cotizado, y su cuantía oscila entre un mínimo de 583 euros y un máximo de 1383 euros mensuales según las circunstancias personales.
El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha presentado ya el Anteproyecto de Ley de sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos para su aprobación, que regula el sistema de subsidio por cese de actividad de los trabajadores autónomos, dando de este modo un paso en el cumplimiento del mandato contemplado en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.
De acuerdo con la Ley, el Gobierno ha elaborado una propuesta que recoge un sistema específico de protección, para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente. De ello hemos ido dando noticia cada vez que se daba un paso.
El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho a la Protección por Cese de Actividad los trabajadores autónomos que tengan protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Según la normativa hay dos tipos de colectivos afectados:
- Los trabajadores autónomos que
obligatoriamente tienen que cotizar por accidentes
de trabajo y enfermedad profesional, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y los trabajadores autónomos que estén en actividades profesionales con
un mayor riesgo de siniestralidad.
Se estima que cuando se determinen esas actividades de mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción, y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de trabajadores autónomos económicamente dependientes, el número de autónomos cotizantes ascenderá aproximadamente a un millón. - Los trabajadores autónomos que voluntariamente opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En la actualidad hay 539.338 trabajadores autónomos que cotizan por esta cobertura (incluye a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario).
La duración de la protección estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese, de acuerdo a la siguiente escala:
En los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años, se incrementa la duración de la prestación, que será la que se indica en la siguiente tabla:
La cuantía del subsidio, durante todo el periodo de disfrute, será del 70% de la base por la que venía cotizando durante los doce meses anteriores. Sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros y la prestación máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos.
Teniendo en cuenta que en los primeros 12 meses no existe gasto en prestación, se ha establecido un tipo de cotización para los trabajadores autónomos del 1,5% de la base, con una reducción del 0,5% en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1%, sobre la base mínima de 833,40 euros. La cotización mínima sería de 12,5 euros mensuales, sin aplicar la reducción de 0,5%, y de 8,33 con la reducción.
Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.
Una vez aprobado el anteproyecto de Ley, este será remitido al Consejo Económico y Social para que sea informado. Una vez hechas las observaciones del Consejo, el Gobierno aprobará el Proyecto de Ley que establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos para que sea tramitado por las Cortes Generales.
