El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha vuelto a apelar a la independencia judicial y ha pedido no hacer críticas «desmedidas o descontextualizadas» que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Baeza se ha pronunciado así en el solemne acto de Apertura del Año Judicial 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, en el que ha estado acompañado por el fiscal superior de la Comunitat, José Ortiz; y el secretario de gobierno del TSJCV, Rafael Lara. Al acto ha asistido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la consellera de Justicia, Nuria Martínez; o los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ricardo Bodas y Esther Rojo.
El acto ha comenzado con la entrega de las distinciones que concede el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ocho magistrados y magistradas que se han jubiglado durante 2025 en la Comunitat y otro que ha cumplido en esa anualidad 25 años en la carrera judicial.
Tras ello, Baeza ha querido comenzar su intervención con un mensaje claro: «No hay Estado de Derecho sin una justicia independiente», y ha proseguido: «La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino la garantía que tiene todo ciudadano de que su causa será juzgada con imparcialidad, sin presiones y sin interferencias».
Al respecto, ha recordado que los otros poderes del Estado también tienen la «responsabilidad» de preservar esa independencia, «evitando críticas desmedidas o descontextualizadas» que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia. «La crítica constructiva es siempre bienvenida; lo que no debemos aceptar es la deslegitimación injusta de la función jurisdiccional». Por eso, ha insistido: «Defender un Poder Judicial independiente es defender el equilibrio entre los poderes».
Baeza, además, se ha referido a los órganos judiciales de la Comunitat y ha recordado que siguen soportando una «importante» pendencia acumulada durante años, especialmente en las jurisdicciones civil y social. Por ello ha valorado la creación este año de 58 nuevas plazas judiciales en la Comunitat.
«Y hay algo igualmente importante», ha señalado, para agregar que crear plazas «exige» disponer de jueces y magistrados que puedan ocuparlas. «En los próximos años se producirán numerosas jubilaciones y, por tanto, el incremento de la planta judicial debe ir acompañado de una política sostenida de convocatoria de plazas de acceso a la carrera judicial».
Por otro lado, el presidente del tribunal valencia se ha referido a la violencia de género y ha abogado por trabajar desde la Administración de Justicia para «dar respuesta» a todas las víctimas.
En cuanto a la implantación de los tribunales de instancia, ha señalado que es otro de los «grandes retos» en la actualidad. «Estamos ante una transformación organizativa de enorme calado y su puesta en funcionamiento está resultando compleja. Está generando problemas y disfunciones que afectan a quienes trabajamos en la Administración de Justicia y también a abogados, graduados sociales y procuradores».
Uno de los «principales problemas», ha dicho al respecto, es la adaptación de determinadas sedes a la nueva organización. «Una transformación de esta envergadura exige diálogo y coordinación», ha dicho, para añadir que «el nuevo modelo solo podrá consolidarse con el esfuerzo y la cooperación de todos».
Por otro lado, Baeza ha indicado que siguen esperando un «avance» en el proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante y ha mostrado su confianza en que antes de finalizar el año se pueda completar el regreso del Tribunal Superior a su sede histórica una vez culminada su rehabilitación integral.
Baeza, así mismo, se ha referido en su intervención al sistema de gestión procesal Just@, «herramienta necesaria y con gran potencial pero que en la que persisten dificultades». «El siguiente objetivo -ha dicho- debe ser avanzar hacia un verdadero Expediente Judicial Electrónico que, entre otras posibilidades, facilite a abogados, procuradores graduados y ciudadanos el acceso directo a los hitos procesales de los proecedimientos».
DANA: «el dolor sigue presente»
El presidente del TSJCV ha tenido unas palabras de recuerdo a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y ha asegurado: «El dolor sigue presente y no debemos olvidarnos de ellas».
A su juicio, esta tragedia «debe obtener una respuesta por parte de la sociedad en su conjunto, que debe combatir esta lacra desde su origen y desde todas sus instituciones, a través de una educación basada en los valores de respeto e igualdad».
Ha recordado que de esta experiencia nació la idea del protocolo de gestión de situaciones de crisis, un instrumento «vivo y sujeto a mejora continua». «Nuestro objetivo sigue siendo que, incluso en las situaciones más adversas, la justicia valenciana siga siendo un servicio esencial y fiable» ha apostillado.
«Exigencias mayores»
Por otro lado, el fiscal superior ha indicado, durante su intervención, que actualmente se viven tiempos «de complejidad creciente», de «transformaciones aceleradas y de exigencias cada vez mayores para el conjunto de la Administración de Justicia». «La ciudadanía demanda respuestas ágiles, comprensibles, cercanas y eficaces. Demanda también una justicia que, además de resolver conflictos, sea capaz de transmitir seguridad, equidad y respeto a la dignidad de las personas», ha enfatizado.
Ortiz ha recordado que la Fiscalía «no actúa movida por intereses particulares ni por coyunturas ajenas a su misión constitucional». «Actúa -ha añadido- en defensa del interés general, con imparcialidad y con respeto escrupuloso a los principios que informan el ordenamiento jurídico».
«En este año que comienza conviene poner en valor el trabajo silencioso, constante y muchas veces poco visible de quienes integran la Fiscalía en la Comunitat. Su dedicación diaria permite sostener una respuesta jurídica firme ante fenómenos delictivos cada vez más complejos, al tiempo que se preservan los derechos de quienes acuden a la Justicia buscando protección», ha añadido.
Asimismo, Ortiz se ha referido a diferentes «desafíos» de este nuevo año judicial, como «seguir avanzando en la modernización de la Administración de Justicia». «La digitalización, la interoperabilidad de los sistemas y la mejora de los medios materiales y personales constituyen objetivos ineludibles si queremos que la justicia esté a la altura de lo que la sociedad espera de ella», ha dicho.
Y ha añadido: «Pero la modernización no puede ser solo tecnológica. Debe ser también organizativa y humana». «Una justicia más eficiente exige una adecuada dotación de recursos, una planificación realista, una coordinación institucional eficaz y una formación continua de todos los operadores jurídicos», ha resaltado.
El fiscal superior, quien ha reclamado «especialización y tiempo de estudio» de los asuntos, ha hecho referencia a la protección de las personas vulnerables y ha resaltado: «La justicia no puede limitarse a declarar derechos; debe hacerlos efectivos. Y eso exige sensibilidad y una atención decidida a quienes se encuentran en una posición de mayor fragilidad». En particular, ha subrayado: «La protección de los menores y de las víctimas de violencia sobre la mujer sigue siendo una prioridad absoluta».
Y ha concluido con un «compromiso» claro: «seguir defendiendo la legalidad con independencia, proteger a las víctimas, salvaguardar el interés público y actuar con sensibilidad ante los problemas jurídicos de la sociedad valenciana».
