Hemos reseñado varias veces que desde el Ministerio de Justicia se quiere reformar el proceso, sobre todo el penal. La iniciativa la están comandando sobre todo los fiscales. Estos últimos días se han producido avances, ya que el XXIV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, celebrado en Burgos, ha servido de marco a las reivindicaciones de este cuerpo desde el punto de vista de la responsabilidad actual que tienen. En Burgos, el Ministro de Justicia afirmó que “hay un compromiso de presentar una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal lo antes posible”.
España ha cambiado mucho, la criminalidad va en bólido mientras que la Justicia ha de avanzar, a veces, en triciclo, y los juzgados no dan abasto. Esa es una de las razones por las que, desde variadas instancias, se viene pidiendo una modernización no sólo de la Administración de Justicia, que es imprescindible, sino del proceso en sí. La creación de los juzgados mercantiles ayudó mucho a las salas de lo civil, que se vieron descargadas de muchas insolvencias que taponaban estas sedes. Pero, ¿y lo penal?. En lo penal, los fiscales quieren ser instructores.
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado en la reunión que congregó a los asociados de la Unión Progresista de Fiscales que la ley actual, de 1982, no cumple ya la función básica de cualquier Estado de Derecho, que a su juicio es la diferenciar la función "de quien tiene que averiguar el delito, de la que tienen quienes tienen garantizar los derechos de las personas que están siendo investigadas".
"Estamos trabajando en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y esperamos que, fruto del trabajo de este congreso, muchas de sus aportaciones puedan estar presentes en la elaboración del Anteproyecto de Ley", señaló Francisco Caamaño, Ministro de Justicia, ante los fiscales reunidos.
Por otro lado, ante la petición de un mayor protagonismo por parte de los fiscales, Caamaño aseguró que los jueces "son plenamente conscientes de que no podemos seguir teniendo un modelo de instrucción penal que ya solamente existe en España y Francia".