Con seis meses de retraso y por medio de un Consejo de Ministros extraordinario, el pasado 27 de marzo el Gobierno dio finalmente luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Las Cuentas remitidas a las Cortes Generales se caracterizan por dos grandes ejes. Por un lado un aumento del gasto público. Por el otro, una rebaja de la carga impositiva a los ciudadanos, lo que ha sido interpretado como una medida electoral a poco más de un año vista de las próximas elecciones generales.
En materia tributaria se prevé una reforma de la Ley del IRPF que, según el Ejecutivo beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes. Se traduce en que no pagarán el impuesto los que ganen entre 12.000 y 14.000 euros y pagarán menos las rentas entre 14.000 y 18.000 euros. Además, se crean nuevos cheques de natalidad y guardería, y se amplían los cheques familiares para incluir una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad.
En cuanto a las pensiones, el Proyecto de Ley contempla un incremento del 3% para las pensiones más bajas y de dos puntos de la base reguladora de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años, complementando para seis millones de personas la subida de las prestaciones que garantiza el propio sistema público.
Rebaja del déficit público
El Gobierno se ha planteado como reto rebajar el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB. Para alcanzar este objetivo, es consciente de que es fundamental el incremento de los ingresos. La previsión es que la recaudación tributaria alcance los 210.015 millones de euros, un 6% más que en 2017 y que será un máximo de la serie histórica.
Se aprueba además la subida salarial a los funcionarios que vincula una parte variable al crecimiento del PIB y una oferta de empleo público del 108 por 100 de la tasa de reposición siempre que las Administraciones cumplan con el objetivo de déficit, deuda y regla del gasto. Mención aparte merece la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la de la Policía Nacional y Guardia Civil a las policías autonómicas.
Límite de gasto
Como hemos adelantado, el Ejecutivo prevé un incremento del gasto público, en un momento en que la economía española encadena ya diecisiete trimestres de crecimiento positivo en términos interanuales. El límite de gasto no financiero del Estado para 2018, aprobado en julio, se fijó en 119.834 millones de euros, registrando un incremento de un 1,26% respecto al de 2017, lo que, según la previsión del Gobierno, hará posible cumplir con la regla de gasto. Uno de los objetivos del incremento del gasto es recuperar los niveles de empleo previos a la crisis y "conseguir que la buena marcha de la economía llegue a las capas de la sociedad más desfavorecidas, reduciendo la desigualdad", afirma el Gobierno. De esta forma, los Presupuestos "van a contribuir decisivamente a la consecución de estos objetivos, avanzando decisivamente hacia la creación de veinte millones de empleos".
