El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) continuará el próximo viernes las deliberaciones que comenzaron ayer sobre el recurso interpuesto por cincuenta diputados del PP contra dos artículos de la recientemente reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), informaron a Europa Press fuentes del alto tribunal.
Uno de los artículos recurridos permite renovar automáticamente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas, mientras siga siendo magistrada de este órgano, mientras que el segundo modifica el modo de elección de magistrados que corresponde al Senado.
El tribunal que deberá resolver este recurso está Compuesto por cinco magistrados de tendencia "progresista" y tres del sector "conservador, después de que hace dos semanas el Pleno admitiera la recusación realizada por parte del Gobierno de dos magistrados pertenecientes a este último grupo, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo.
El recurso del PP se dirige contra los artículos 16.1 y 16.3 de la citada norma, por entender este partido que limitan las competencias del Senado y que vulneran el tiempo de mandato para el presidente del Constitucional fijado en la Carta Magna.
Ambos artículos chocan, según los recurrentes, con el 159 y el 160 de la Constitución. En el caso del artículo 16.1, el PP entiende que se obliga a la Cámara Alta a elegir a los miembros de este Tribunal que le corresponde sólo dentro del cupo de magistrados propuestos por las Comunidades Autónomas, lo que a juicio de los 'populares' supone una "desapoderación y limitación" de las competencias del Senado.
En cuanto al artículo 16.3, entienden que la nueva ley no respeta el tiempo de mandato fijado para el presidente del Tribunal en la Constitución.
El Gobierno recusó a García-Calvo y Rodríguez-Zapata por considerar que se encuentran "contaminados" para entender del recurso por haber expresado una opinión contraria a la reforma de la LOTC mediante una carta que remitieron en junio pasado a la presidenta del tribunal. La iniciativa del Ejecutivo fue apoyada a principios del pasado mes de enero por el fiscal jefe ante el TC, Juan Ortiz Úrculo.
