El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión de 15 de marzo de 2023, ha aprobado un Acuerdo con el que se pone en marcha un “plan de choque” para la agilización de la tramitación y resolución de los recursos de amparo.
Este Acuerdo regula la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario que permitir a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en el que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa.
El formulario no sustituye a la demanda. Tiene dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos a la hora de redactar la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.
De esta manera, el Tribunal Constitucional sigue la línea de otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito esta fórmula, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Esta decisión gubernativa está motivada en que la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo la exigencia, como requisito de admisibilidad, presente “especial trascendencia constitucional” e impuso a los recurrentes la carga de justificar dicha trascendencia. El cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas. La Memoria del Tribunal Constitucional del año 2022 pone de manifiesto que el 53% de los escritos de demanda adolece de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados. Esta situación es la que ha llevado al Tribunal Constitucional a tomar esta medida.
El referido Acuerdo ha sido remitido a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, así como al Presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, con el fin de que se difunda entre abogados y procuradores. Además, será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado.
Otra de las decisiones adoptadas en el Pleno gubernativo ha sido el nombramiento de ocho nuevos letrados para cubrir las plazas vacantes.
