Entre ellos figura el suscrito con la Fundación Reina Sofía y Trabajo para construir el complejo de Vallecas para enfermos de Alzheimer
El Tribunal de Cuentas ha encontrado «importantes deficiencias» en relación con la ejecución de los convenios suscritos por el Ministerio de Sanidad y Consumo entre 2004 y 2005 con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, entre ellos la Fundación Reina Sofía y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la construcción del complejo de Vallecas para enfermos de Alzheimer, por un importe de 3,5 millones de euros, o el firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias, por 240.000 euros.
En el Informe de Fiscalización de los Convenios de Colaboración generadores de gastos suscritos en este periodo por Sanidad, el Tribunal de Cuentas señala que, aún cuando en todos los expedientes se cumple con la formalidad de acompañar las correspondientes certificaciones de conformidad, emitidas por las unidades competentes del ministerio, las comprobaciones sobre el seguimiento y ejecución de lo convenido efectuadas durante la fiscalización "ponen de manifiesto importantes deficiencias".
"Así, de los 19 convenios en los que se contempla la constitución de un órgano con funciones de supervisión y control de la ejecución de las actuaciones previstas, en siete de ellos no se han acreditado documentalmente, mediante actas o cualquier otro documento generado por los mismos, las actividades realizadas por dichos órganos. Además, en cuatro casos se aprecia ausencia de los informes, documentos o memorias finales que están obligados a presentar las entidades con las que se formaliza el convenio, por lo que no se ha podido comprobar directamente este extremo", señala el documento.
En relación con los compromisos que asume la Administración, el Tribunal denuncia que "no existe en ningún caso constancia expresa de su cumplimiento, excepto en lo que atañe a la aportación financiera". A hablar de los expedientes para canalización de subvenciones, asegura que los gastos se acreditan, por lo general, con justificantes directos, pero que "la excepción" la constituye la subvención a favor de la Fundación Reina Sofía, la más cuantiosa, que se basa sólo "en una declaración de gastos de la entidad beneficiaria".
El Tribunal señala que varios convenios firmados por Sanidad "no se llegaron a ejecutar en los términos previstos". Es el caso del acuerdo firmado con la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica, dotado de 75.000 euros, cuyo objeto era el asesoramiento y asistencia en el diseño, constitución y puesta en marcha del Banco Nacional de Líneas Celulares.
No obstante, puntualiza que la no ejecución de este convenio se resolvió "de mutuo acuerdo" y por haberse puesto en funcionamiento el citado Banco Nacional en el marco del convenio de colaboración firmado el 15 de julio de 2004 por el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El único gasto producido, asumido por la Administración, fue la cantidad de 5.425 euros satisfecha por la fundación por desplazamiento desde Estados Unidos de un técnico contratado para efectuar el convenio.
Tampoco se ejecutó el convenio celebrado por el INC con la Asociación Española de Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), con fecha 14 de marzo de 2005, tenía como finalidad difundir entre los consumidores la existencia del Código ISFE y el sistema de clasificación y etiquetado por edad de videojuegos y juegos de ordenador (PEGI), mediante la divulgación de 300.000 folletos sobre el funcionamiento de dicho sistema.
En este caso, la "anomalía", según constató el Tribunal, surgió "por el hecho de que la financiación correspondiente al otro 50 por ciento de los folletos editados fue asumida por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, a cuyo nombre se facturó".
