No sólo los jueces están de actualidad a causa de sus reivindicaciones. Los abogados que atienden a las personas sin recursos reclaman que llevan tiempo sin cobrar las cantidades establecidas. El turno de oficio, especialmente el madrileño, protagoniza estos últimos días una serie de actos con poco impacto externo; pero grande de cara a la fijación de una postura común públicamente. Una vez organizados, han hecho propuestas concretas y llamativas, como interrumpir el servicio y encerrarse en los Colegios de Abogados. El Consejo General de la Abogacía ha salido al paso.
La asistencia jurídica gratuita es una parte esencial del servicio público de la justicia y en sus años de funcionamiento ha alcanzado, con el esfuerzo de miles de abogados, cotas muy altas de eficacia y calidad en la defensa de los ciudadanos más necesitados, que es necesario preservar, prestándole la debida atención y medios, así como mejorándola con la ayuda de los poderes públicos y agentes con responsabilidades en el ámbito de la justicia.
Ante la situación que se está produciendo en el seno de algunos Colegios de Abogados en relación al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía mantiene la defensa del actual modelo de asistencia jurídica gratuita; en cuanto responsabilidad del Consejo General de la Abogacía y de los Colegios de Abogados, la cual se ciñe al plano organizativo de los servicios de asistencia letrada y defensa gratuitas. Considera que su intervención es necesaria para garantizar la libertad e independencia de la prestación profesional de los Abogados designados y, en definitiva, la plena realización del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Pide, sin embargo, que la Administración pague los servicios que los abogados realizan.
El CGAE apoya la exigencia, por los Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos de Colegios frente a las Administraciones Públicas, del pago justo y puntual de sus obligaciones económicas en relación con el Turno de Oficio y la diligente adopción de las correspondientes medidas presupuestarias.
Aparte de apoyar las reivindicaciones económicas, y alabar el buen funcionamiento a pesar de estos inconvenientes, el Consejo General de la Abogacía recuerda que es obligación de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados disponer los medios precisos para asegurar la prestación continuada de los servicios de asistencia letrada y defensa gratuitas sin que las reivindicaciones de los abogados y los propios Colegios sobre las condiciones económicas y materiales del ejercicio de la asistencia y la defensa puedan prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos para los que se presta el servicio.