5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo presentaron en el Juzgado nº3 de Plaza de Castilla de Madrid un escrito de personación en la causa penal abierta contra los controladores aéreos por su responsabilidad en los daños económicos y morales causados por el cierre del espacio aéreo.
La personación de estos 5.000 afectados es el primer paso de la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo cuya defensa el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. La firma ha comunicado que próximamente presentará otros miles de afectados en esta causa penal.
La Agrupación es una Asociación de afectados creada por el cierre del espacio aéreo español los pasados días 3 y 4 de diciembre de 2010, teniendo como objetivo principal la defensa de los intereses y derechos de las personas, de cualquier nacionalidad, perjudicados. La Agrupación, que representa a más de 7.500 afectados por el cierre del espacio aéreo, también tiene como finalidad conseguir para cada uno de los afectados una indemnización de 10.000 euros por daños morales a través de una reclamación colectiva.
Perspectiva de los afectados
Elena Fuente, Presidenta de la Agrupación, recordó que tras el Laudo de Pimentel se ha resuelto el conflicto laboral entre AENA y los controladores, pero "ahora toca resolver el daño causado a miles de personas". Quiso también recordar que si el ministro Blanco afirmó, tras el Laudo, que "no hay vencedores ni vencidos", debería recordar que "somos miles las víctimas afectadas por el conflicto que todavía no hemos sido atendidas".
Por su parte, Luis Vericat, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, que forma parte del equipo de abogados que representa a los afectados, explicó que "con la personación en el procedimiento penal se pretende un doble objetivo: primero, que los que provocaron el daño asuman su responsabilidad y se resarzan los daños y perjuicios económicos y morales sufridos; y segundo, que nunca más vuelva a suceder algo parecido".
Los controladores aéreos, que, desde el punto de vista penal son considerados como funcionarios públicos, podrían haber cometido un delito de abandono de sus funciones previsto en el artículo 409 del Código Penal.
En el escrito de personación se ha solicitado la apertura de la pieza de responsabilidad civil para la reclamación de 10.000 euros por afectado en concepto de daños morales, además de los perjuicios económicos. Asimismo se ha pedido que los controladores presten fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios y, en caso de no hacerlo, que se les embarguen sus bienes.
En el caso que los controladores sean condenados y no puedan afrontar sus indemnizaciones económicas para los afectados, la compañía pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sería responsable civil subsidiaria como empresa pública de la que dependían los controladores condenados.
