El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, un anteproyecto de ley que tiene por finalidad incorporar a la legislación española las modificaciones del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se aplica en la Unión Europea.
«Desde que se empezara a aplicar hace casi 20 años se han reducido de forma importante las emisiones del sector energético en el conjunto de Europa, pero también han pasado muchas cosas que nos han permitido ir mejorando, ir afinando, con el objetivo de lograr una reducción de emisiones del 55% en el conjunto de la Unión Europea para el año 2030», ha señalado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha explicado que, entre las medidas para conseguir este objetivo, «están el hacer algunas modificaciones en el funcionamiento de este régimen de derechos de emisión».
Por tanto, con este anteproyecto de ley, que saldrá a audiencia pública antes de ser remitido al Congreso de los Diputados, el Gobierno incorpora aquellas modificaciones que proceden de las directivas europeas.
En concreto, estas modificaciones consisten en actualizar la senda de reducción de emisiones para el conjunto de los sectores implicados. Así, Ribera ha precisado que se introducen algunos cambios «frente a una premisa como la que marcó el inicio de este sistema, que era la asignación gratuita de derechos de emisión para incentivar la reducción y la posible venta de los sobrantes».
«Se van acomodando los volúmenes de entrega gratuita de derechos de emisión conforme se va incorporando la posibilidad de introducir ajustes en frontera, es decir, aquellos sectores industriales cuyos productos procedentes de terceros países quieran colocarse en el mercado europeo, podrán hacerlo, pero deberán mostrar que la manera en la que son producidos no aplica una especie de ‘damping’ ambiental con menos control con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que ocurre en Europa», ha señalado.
Por tanto, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha asegurado que con esta normativa «se garantiza un juego de equilibrios, un juego equivalente en las exigencias ambientales».
Con estas modificaciones, según ha agregado la ministra, también se incorporan las emisiones del transporte marítimo que se introducirán en este esquema a partir de este año 2024 y que estarán acompañadas por una revisión de la aplicación de este sistema al sector de la aviación.
«El sector de la aviación debe conseguir una reducción importante de las emisiones de la aviación civil internacional, utilizando combustibles sintéticos, utilizando biocombustibles, mejorando las prácticas en el funcionamiento de la aviación», ha manifestado.
La ministra ha subrayado que otra novedad que incluye la nueva normativa es que, «por primera vez y con una previsión temporal todavía distante en el tiempo», los provedores energéticos de la movilidad terrestre o de los edificios «también deban monitorizar las emisiones, la intensidad de gases de efecto invernadero del servicio energético que proporcionan».
«Se activa una nueva etapa en este Sistema de Comercio de Derechos de Emisión más precisa, más detallada y que nos debe permitir conjugar eficazmente la reducción de emisiones con un compromiso social importante por parte de las instituciones europeas y nuestro país, lógicamente, requiere la adaptación de todo este marco normativo en una legislación específica», ha concluido Ribera.
Legislación europea
Las directivas europeas prevén que se eliminen gradualmente los derechos de emisión gratuitos para las empresas desde 2026 hasta 2034 y se creará un nuevo régimen separado para el combustible para el transporte por carretera y los edificios que pondrá un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027 (o 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos).
Además, se incluirán por primera vez en el sistema de comercio de derechos de emisión las emisiones del transporte marítimo, con obligaciones para las empresas navieras de entregar derechos de emisión que se introducirán gradualmente: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% a partir de 2025 y 100% a partir de 2026.
De igual modo, los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación se eliminarán gradualmente y se implementará la subasta completa a partir de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2030, se reservarán 20 millones de derechos de emisión para incentivar la transición de los operadores de aeronaves desde el uso de combustibles fósiles.
La UE también ha adoptado reglas para el nuevo Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE, que gravará las importaciones de productos como el acero, con el objetivo de incentivar a los países fuera de la UE a aumentar su ambición climática.
Los bienes cubiertos por esta normativa son el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno, así como las emisiones indirectas bajo ciertas condiciones, de modo que los importadores de estos bienes tendrán que pagar cualquier diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en la UE. El nuevo mecanismo se introducirá gradualmente desde 2026 hasta 2034, al mismo ritmo que se eliminarán los derechos de emisión gratuitos.
