Por el momento, no habrá cortes de suministro de acceso a Internet a quien haga descargas. El debate empezó en julio del año pasado. El Informe aprobado ayer concluye que "no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales".
Desde Estrasburgo, los diputados han reiterado que no puede cortarse la línea de Internet a un usuario desde las administraciones de los Estados, sino que tiene que ser siempre una medida a tomar por los jueces. El llamado Paquete Telecom está, por lo tanto, de nuevo parado. Así, continúa abierta la pugna, iniciada desde que el Gobierno Sarkozy propuso este tipo de medidas para Francia, que tampoco salieron adelante. En nuestro país también está abierta la veda; tal y como llevamos informando desde hace días. Parece difícil la conciliación, al menos con los criterios antiguos.
Industria de contenidos, Estado e internautas no se ponen de acuerdo en cuanto a las medidas a tomar para conciliar copyright y descargas. Lo preocupante es que esto ocurre no sólo en España, sino también en la Unión Europea: ayer mismo, los eurodiputados modificaron el acuerdo que las delegaciones del Parlamento y el Consejo habían alcanzado acerca de la reforma del marco regulador de las telecomunicaciones. Por tanto, la totalidad del "Paquete Telecom" tendrá que ir a conciliación durante la próxima legislatura.
Dicho Paquete abarca una renovación del marco legislativo comunitario de las telecomunicaciones, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; y el diseño de un Organismo de Reguladores Europeos.
El Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunicaciones fue tratado en un exhaustivo informe por parte de la española Pilar del Castillo. Sería un órgano asesor especializado, experto e independiente; que tendría como misión la asesoría legal en las diferentes aplicaciones jurídicas. Funcionaría de modo autónomo respecto a la Comisión Europea, los gobiernos, y el sector económico. Completaría, sin sustituir, las acciones reguladoras que las autoridades nacionales ejecuten en cada Estado miembro. En este sentido, sus misiones serían:
- cooperar con las autoridades reguladoras nacionales,
- llevar a cabo una supervisión reguladora de las definiciones del mercado, realizando análisis y aplicando soluciones,
- definir los mercados transnacionales,
- proporcionar información general sobre asuntos relacionados sobre todo con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
El punto polémico del Paquete Telecom y el que, a la postre, ha provocado que tenga que volver a tomarse en consideración cuando se reinicien las sesiones parlamentarias; con la nueva composición que salga de las elecciones de junio, es el rechazo de los cortes de suministro desde los Ejecutivos.
Concretamente, el informe aprobado se niega a ello "aplicando el principio de que no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad de expresión y de información, excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior". Los eurodiputados basan ello cara a promover "la capacidad de los usuarios para acceder a la información y difundir y utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección".
Así que los Gobiernos no tendrán la llave del interruptor. Por el momento, habrá que seguir llevando al juzgado a los avezados internautas que se descargan películas, juegos y música.
