El Consejo de Ministros analizó ayer el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto es el resultado de un año de consultas previas a órganos colegiados del sector universitario, rectores, estudiantes, agentes sociales y grupos parlamentarios.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, defendió la necesidad de renovar la Ley Orgánica 6/2001, que rige las universidades desde hace 20 años: «En estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo y la sociedad, además de dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas».
Los tres principales objetivos de la futura ley son “la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y poner fin a la precariedad del personal docente e investigador”.
Entre otras novedades, se promociona a la mujer por encima de los hombres; los profesores titulares podrán ser rectores sin tener que ser catedráticos y se elimina la figura del Rey en la expedición de títulos oficiales.
Los estudiantes, “razón de ser de la universidad”
Manuel Castells afirmó que «los estudiantes son la razón de ser de la universidad» y por ello el nuevo texto reafirmará sus derechos y deberes.
El primer derecho es el de tener acceso a la educación superior tras superar las pruebas correspondientes, ha dicho el ministro. Por ello, se seguirá reforzando la política de becas del gobierno y manteniendo los límites máximos de precios públicos establecidos anualmente por la Conferencia General de Política Universitaria.
La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, departamentos y facultades se verá favorecida con la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.
Rectorado, Decanatos y Consejos Sociales
Manuel Castells explicó que, aunque se va a mantener el sistema actual de elección del rector o rectora, se ha incluido un segundo método a través de un comité de selección en el que un 30% serán personas no pertenecientes a dicha universidad. Los requisitos para alcanzar el rectorado también se modifican, y se exigirán 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios de docencia y 4 años de experiencia de gestión.
Los Consejos Sociales, por su parte, serán elegidos, por las asambleas legislativas autonómicas a partir de candidaturas abiertas. También se renovará el sistema de elección para los decanatos de las facultades.
Financiación y gestión
La futura ley establece el principio de financiación suficiente para las universidades públicas, que permita hacer posibles las reformas. Castells recordó que ya se ha establecido en la nueva ley de Educación, mediante acuerdo con las comunidades autónomas, un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década. Se diferenciará entre financiación estructural, por objetivos y singular.
En gestión presupuestaria, se establece la obligación para cada universidad de establecer una contabilidad analística o equivalente, la rendición de cuentas, y se impulsará el mecenazgo y nuevas fórmulas de ingresos, como los derivados de empresas creadas y participadas por las universidades, o de patentes.
