El 10 de mayo se celebró una nueva edición del club de los miércoles que organiza Aranzadi, donde se abordó el servicio de consultoría jurídica y gestión procesal que las diputaciones, cabildos y consells prestan a los ayuntamientos. Un servicio que es clave para garantizar la correcta gestión que los ciudadanos demandan a las entidades locales.
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Bajo la moderación de Fernando Domínguez Herrero, director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Torrevieja, contó con la presencia de Esther Trujillo, Jefa del Servicio de Asesoramiento en la Asesoría Jurídica del Cabildo de Tenerife, y Antonio Tomás Verdú Mira, director Área Asistencia a Municipios.
Fernando Domínguez Herrero destacó que hay múltiples preguntas e inquietudes que afectan a las entidades locales. ¿Cuáles son las principales consultas que reciben las diputaciones desde los ayuntamientos? ¿Cuáles son las propuestas de solución que dan las diputaciones? ¿Cómo se articula el asesoramiento que las Diputaciones prestan a los municipios en su obligada implantación del Canal de denuncias y qué casuística emana del sistema de información interno compartido?
Esther Trujillo, Jefa del Servicio en la Asesoría Jurídica del Cabildo de Tenerife
La representación y defensa en juicio está muy arraigada en la Isla de Tenerife, que tiene 31 municipios, de los que sumimos la representación de 24. Durante 2022 entraron 1.071 nuevos pleitos, la mitad de ellos de ayuntamientos con temas como la plusvalía y estabilización de empleo temporal. El orden administrativo con más demandas es el Contencioso administrativo, seguido del Laboral. En los procesos de estabilización hay dos ámbitos principales, las impugnaciones de ofertas de empleo público y las bases reguladoras de empleo público. Los problemas fundamentales que se nos plantean es cuál es la jurisdicción competente, si la Contencioso administrativa o la Social y, por otro lado, el órgano competente.
Antonio Tomás Verdú Mira, director Área Asistencia a Municipios de la Diputación de Alicante
Cada Diputación tiene la potestad de organizar su competencia asistencial. De hecho, los modelos son múltiples, como en las catalanas, que todo está destinado en la asistencia a los municipios. Es importante determinar qué ayuntamientos están eximidos de sostener al secretario interventor para que el servicio lo asuma la Diputación. A modo de ejemplo, en Alicante hay 22 ayuntamientos eximidos al tener menos de 500 habitantes. Los funcionarios habilitados pueden tener asignados dos ayuntamientos y en épocas peores hasta tres y cuatro ayuntamientos. En Alicante se creó el área de asistencia integral a municipios en materias como la jurídica, la administrativa o la presupuestaria lo que es un antídoto contra el despoblamiento al tener la prestación de este servicio.
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