- Le advierte de que si no responde en plazo, el edificio «ocupado sin título» será puesto a disposición del Supremo
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha solicitado a la Comunidad de Madrid que abone más de 1,7 millones de euros para utilizar el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta septiembre de 2028 o que se comprometa a abandonarlo antes de que acabe este año.
En una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se ha dirigido al Ejecutivo regional para recordar que el edificio, situado en la calle del General Castaños de la capital, «es un bien de dominio público estatal que no fue transferido» a la Comunidad.
El edificio «acoge dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a pesar de que la obligación de proporcionar un edificio a ese órgano judicial es de la administración autonómica», señala.
Además, subraya que tampoco «consta otro título jurídico que ampare su utilización por parte de la Comunidad de Madrid, como se deduce de las actuaciones previas practicadas» por la Secretaría de Estado de Justicia.
Por ello, añade, el Ministerio «ha impulsado las actuaciones necesarias para la regularización del uso del inmueble, conforme al marco normativo aplicable». En concreto, se ha previsto «el otorgamiento directo de una concesión demanial como título habilitante para la utilización del inmueble» por parte de la Comunidad, ha explicado.
Así, el Ministerio da dos meses para que el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso remita «comunicación fehaciente y expresa» en la que decida si acepta «la renuncia a continuar utilizando el inmueble, y su compromiso a abandonarlo de manera inmediata antes del día 31 de diciembre de 2026».
Por otro lado, Justicia plantea «la aceptación expresa del pliego de condiciones, que permitirá utilizar el edificio hasta el día 1 de septiembre de 2028, contra el pago de una tasa anual 1.754.315,16 euros».
Y advierte de que «la falta de comunicación en el plazo indicado dará lugar al ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico concede para la protección del dominio público, incluyendo la recuperación posesoria de oficio del inmueble ocupado sin título por la Comunidad de Madrid, para su puesta a disposición del Tribunal Supremo, dadas sus necesidades actuales».
