El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley, promovido por el Ministerio de Justicia, por el que se articula un sistema excepcional para que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles, facilitando que se haga efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas.
Con estas medidas complementarias de aplicación de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea, se eliminan posibles obstáculos que impidan actuar contra oligarcas rusos que mantienen bienes en nuestro país, cuando la titularidad de esos bienes la ostenten testaferros o personas interpuestas.
La reforma pone de manifiesto la intención del Gobierno español de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España. Si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran estar a nombre de terceros.
En cualquier caso, será necesario el previo informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la base de la existencia de indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser un oligarca ruso objeto de investigación.
Además, este real decreto-ley establece un procedimiento específico para realizar los pagos de las nóminas del personal, así como otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior, con fondos propios, minimizando el posible uso del sistema financiero ruso, con el fin de favorecer el cumplimiento del régimen de sanciones. Mediante esos pagos directos, se evita recurrir a entidades financieras rusas que, aun no estando sujetas a las sanciones europeas, podrían suponer un riesgo de evasión de las mismas.
