- En la tercera edición de los premios a la excelencia concursal, la Asociación Profesional de Administradores Concursales insistió en esta petición histórica del colectivo. En el evento se reconoció la carrera de Ana Belén Campuzano.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) entregó el pasado jueves los III Premios a la Excelencia Concursal, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de Aranzadi LA LEY y GIOCONDA. Los administradores concursales aprovecharon la ocasión para mandar un mensaje al Ministerio de Justicia, que comanda en funciones Pilar Llop, e insistir en una demanda histórica del colectivo: la promulgación de un estatuto que regularice su profesión. «Lo reclamamos desde hace nueve años. Hay que profesionalizar el ámbito de la insolvencia y crear un auténtico cuerpo de administradores», dijo Diego Comendador, presidente de ASPAC.
En el acto estuvo presente Jacobo Fernández, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, quien recogió el guante de Comendador, asegurando que el lanzamiento a consulta pública del primer borrador del estatuto se dará «en breve». El representante de Justicia no se aventuró a adelantar una fecha, pero remarcó la «firme intención» del Gobierno en funciones de «dar cuanto antes información pública» al borrador del proyecto. El avance del texto «depende de algunos flecos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital», dijo, pero su borrador «será sometido a exposición pública en un plazo razonable». También prometió que su tramitación no será retrasada por la situación de interinidad del Gobierno.
Premiados
En la ceremonia, ASPAC reconoció la carrera de Ana Belén Campuzano,Catedrática de derecho mercantil de la Universidad CEU San Pablo y socia y directora académica de Dicturm Abogados.Aurora Martínez Flórez,Catedrática de derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, fue reconocida en la categoría al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia, por su trabajo titulado «El tratamiento de los datos de subordinación relativa de acreedores en los planes de reestructuración».
En la tercera categoría, la de mejor pieza periodística, el jurado reconoció la labor de Xavier Gil Pecharromán, de El Economista, por el artículo «Hacienda convierte en profesión de riesgo la administración concursal». Mientras que Óscar Giménez, redactor de El Confidencial, recibió la mención de finalista por su pieza titulada «30 reestructuraciones de deuda que definirán el futuro de las quiebras en España».
Valoración positiva
En el evento, los profesionales de la insolvencia tuvieron la oportunidad de valorar la reforma concursal, que cumple un año en vigor, en una mesa redonda organizada para la ocasión. La sensación general fue que la reforma de la norma concursal de hace un año fue positiva, si bien aún hay margen de mejora en ciertos puntos críticos.
Así lo expuso María Enciso Alonso-Muñumer, profesora de derecho mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y consejera académica de la firma de abogados ONTIER, quien valoró que, en el último año, se ha registrado una baja morosidad y un número de concursos menor de lo esperado. «Puede que las cosas no vayan del todo mal en el ámbito económico y empresarial (…). Creo que la ley concursal hacía falta y que su aplicación, en términos generales, es positiva, a pesar de las grandes críticas de los operadores». Como puntos de mejora, Enciso reparó en el mecanismo del Pre-pack concursal, los procesos de fiscalización de los deudores en los procesos de exoneración del pasivo insatisfecho o el procedimiento para microempresas. Sobre este último, valoró: «la idea no es mala, pero se ha convertido en horrorosa porque no hay medios y mecanismos». «La plataforma debe funcionar», subrayó la catedrática.
Por su parte, Luis Miguel Sánchez Velo, director de asesoría jurídica de reestructuraciones en Banco Santander, coincidió en que el número de concursos de personas jurídicas era, por el momento, aceptable. «Serán muchos o pocos los planes de reestructuración, pero se están haciendo los justos y necesarios», remarcó. El experto reconoció que «hay empresas que se van por el desagüe», pero recordó que «el derecho concursal no pretende salvar a todas las empresas, sino solo a las viables». Hay que derribar la idea de que el proceso del libro segundo está reservado a grandes empresas, aunque grandes nombres como Celsa o Telepizza hayan sido objeto de restructuraciones muy mediáticas, dando a entender lo contrario. «Conozco varias docenas de empresas, generalmente familiares, que han sido capaces de reorganizar su deuda porque han acudido al instituto de la reestructuración». «Tenemos un instrumento terriblemente potente [el libro segundo], no tenemos derecho a quejarnos y a decir que no tenemos las herramientas necesarias (…). El libro segundo es un instrumento potente y tremendamente válido». Eso sí, «en la medida que los operadores consigamos ejercerlo con responsabilidad», puntualizó.
