- El objetivo perseguido es la plataforma de inmediación para que el 70% de las sedes judiciales estén informatizadas.
- Se busca alcanzar, al menos, el 30% de los procedimientos mediante videoconferencia en el cuatro trimestre de 2023
El Consejo de Ministros autorizó ayer una transferencia de crédito por importe de 9 millones de euros desde el presupuesto del Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior para dar cumplimiento al acuerdo interministerial de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de la modernización de la Administración en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 16 de julio de 2021.
El acuerdo que los dos Ministerios suscribieron el pasado 16 de julio tiene por objeto el desarrollo de proyectos del Componente 11 del Plan ‘Modernización de las Administraciones Públicas‘, dentro de la política palanca ‘Una Administración para el siglo XXI’, englobada a su vez en la línea directriz del plan ‘Transformación Digital’.
Juicios telemáticos y evidencias digitales
En particular, para establecer vías de colaboración entre Interior y Justicia, se busca el desarrollo de videoconferencias para juicios telemáticos en colaboración con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con Instituciones Penitenciarias, así como la creación de una plataforma de intercambio de evidencias digitales en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Para el cumplimiento de estos proyectos, en el acuerdo se detallan los elementos que se pretenden suministrar a cada entidad: equipos técnicos tales como monitores, televisores, pizarras interactivas, equipos de videoconferencia, tabletas y cables, así como el desarrollo del sistema para el intercambio de evidencias digitales entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El objetivo perseguido es la plataforma de inmediación para que el 70% de las sedes judiciales estén informatizadas permitiendo alcanzar, al menos, el 30% de los procedimientos mediante videoconferencia. El cumplimiento del objetivo se prevé en el cuarto trimestre de 2023.
La financiación se hará en los términos establecidos en el acuerdo suscrito por los dos ministerios, según el que Justicia se compromete a realizar una aportación de 9 millones y lo hará con cargo a la aplicación ‘Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’.
Visto bueno a la renovación energética de los edificios de Justicia
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó ayer la adquisición de compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2022 y 2023, con la finalidad de que el Ministerio de Justicia pueda realizar la tramitación anticipada de un encargo y un contrato relacionados con la renovación energética de edificios del Departamento, en aplicación del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública.
Esta inversión se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto del Componente 11 ‘Modernización de las Administraciones Públicas’. El calendario de cumplimiento de esta meta se ha previsto para 2024.
Para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se va a suscribir un Acuerdo Interdepartamental entre la Secretaría de Estado de Energía y la Subsecretaría del Ministerio de Justicia en el que se prevén las inversiones siguientes, de carácter plurianual, por un importe total de 6.567.037 euros y cuya tramitación se iniciará en 2021:
- Tramitación anticipada de un encargo a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., M.P., para la realización de trabajos técnicos de redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la mejora de la sostenibilidad y calificación energética de diversas sedes judiciales.
- Tramitación anticipada de un contrato para el diseño de la estandarización del modelo de rehabilitación de edificios mediante un estándar común adaptable a cada tipo de sede, que permita medir, certificar y monitorizar el proceso.
