El tercer seminario Barreras de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el contexto de la UE se celebró la pasada semana en el edificio del Comité Económico y Social Europeo Jacques Delors, considerado el primer edificio accesible de la UE. Sin embargo, a lo largo del seminario un orador no pudo alcanzar el botón del micrófono y se vio obligado a pedir ayuda en cada una de sus intervenciones. Este hecho sirvió de hilo conductor de las intervenciones sobre las brechas entre la teoría en materia de accesibilidad y su aplicación efectiva.
Este seminario se enmarca dentro del proyecto Just4ll, patrocinado por Thomson Reuters. La iniciativa, lanzada en noviembre del año pasado, busca mejorar la accesibilidad de estas personas a los sistemas judiciales en toda la Unión Europea y está coordinada por la Fundación ONCE. Entre sus socios se encuentran, además de Thomson Reuters: el Foro Europeo de la Discapacidad (FED), la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD) y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas – Universidad Carlos III.
A lo largo del debate se trajo a colación como ejemplo paradigmático el nuevo Palacio de Justicia de París. A pesar de que la nueva Corte parisina fue inaugurada el año pasado, carece sin embargo de las medidas básicas que requieren las personas con discapacidad, como puertas accesibles, tecnologías de asistencia o indicadores para informar de dónde se encuentra uno en el edificio.
Formación de los futuros profesionales
Entre otros temas destacó el relativo a la formación de los futuros profesionales del derecho en todo el continente. A modo de ejemplo, la discapacidad no se integra completamente en los planes de estudio de las escuelas de derecho. Existen sin embargo iniciativas como el Proyecto I-DECIDE financiado por Erasmus, a través del cual organizaciones como EASPD están desarrollando una guía práctica de ayuda para que las personas con discapacidad puedan tomar las mejores decisiones en ámbitos como sus finanzas personales, asistencia sanitaria o sus derechos como consumidores. Entre otras áreas que necesitan especial atención, se destacó la necesidad de abandonar enfoque exclusivamente médico ante las necesidades de estas personas y que va en contra de la CDPD o CRPD por sus siglas en inglés (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) a la que muchos abogados están vinculados, para dirigirse hacia un enfoque de derechos humanos, tal y como están reclamando las personas con distintas discapacidades.
Un proyecto de 30 meses
Los resultados de este proyecto, que se prolongará durante 30 meses, incluirán un diccionario online del sistema de justicia de la UE, recomendaciones para que la justicia sea accesible, sobre cómo traducir documentos a formatos accesibles, así como otras relativas a la capacitación a jueces y otros profesionales jurídicos para interactuar con personas con discapacidad.
