La reforma organizativa de la Administración de Justicia que supondrá la creación de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a Oficinas de Justicia fue analizada este lunes en una nueva jornada formativa del Consejo General de la Abogacía en la que se defendió la justicia de proximidad, pero sin renunciar a la especialización.
Esta sesión forma parte de las actividades desarrolladas por el Consejo General de la Abogacía, a través de su Fundación Abogacía Futura, para analizar en profundidad el proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios.
En una mesa redonda moderada por Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, vicepresidenta del Consejo y presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía, representantes de las diferentes administraciones explicaron detalladamente en qué consistirá este cambio, que debería entrar en vigor en 2025.
“Era necesaria una reforma estructural, para optimizar los recursos y organizarlos de manera distinta. Hemos decidido mantener la justicia en los municipios pequeños, dotándola de más servicios con las nuevas oficinas de Justicia, que sustituirán a los juzgados de paz”, explicó José Juan Tomás Porter, director de la Oficina de Implantación Justicia 2030 del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien también aseguró que “no está prevista la desaparición de partidos judiciales”.
Alejandra Alonso, Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid explicó los cambios que será necesario implementar en esta comunidad: “La transformación es complicada, pero se hará en pro de la justicia”, señaló. Y Joaquín de la Serna, subdirector general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, hizo lo propio sobre esa otra comunidad.
Y la visión de cómo afecta esta reforma a los justiciables fue aportada por las letradas Marga Cerro, decana del Colegio de Talavera, e Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de Madrid.
“Creo firmemente en la justicia de proximidad, pensando sobre todo en la ciudadanía”, afirmó Cerro.
Por su parte Winkels defendió los juzgados especializados en infancia, familia y capacidad: “ ¿La ciudadanía qué prefiere? ¿Una justicia cercana en su pueblo, o desplazarse 25 km para encontrar un juez especialista, un fiscal y un equipo de especialistas que puede darle una salida rápida y eficaz a su familia?”.
