El vocal del CGPJ Gómez Benítez, quien antes de ascender era Abogado, atribuye las objeciones del CGAE al Proyecto de agilización procesal a la intención de sacar provecho de los retrasos de la Justicia. El presidente del CGAE presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, presentará una queja formal al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por las manifestaciones del vocal de este organismo, José Manuel Gómez Benítez, quien acusó a la Abogacía institucional de “torpedear” los cambios legislativos por intereses corporativos y a los Abogados de “poner palos en la rueda” y de “hacer un uso abusivo de los recursos”.
Son muchos cambios los que está emprendiendo el Ministerio de Justicia en lo que respecta a la dinámica procesal y no todas son buenas caras.
No cabe duda de que la ciudadania sale beneficiada de la modernización y la agilización, y de que es bueno en principio "cerrar" algunas instancias a según qué pleitos porque el volumen que se acumula impide que fluya la Justicia como debe fluir. Pero como se puede suponer, hay perjudicados.
Impedir recursos o limitar el acceso al Supremo abre amplios espacios de debate. Hacer pagar por acceder a sentencias choca con el sentido común y con la constitución. Y, cómo no, limita el negocio en los despachos de Abogados.
Específicamente en relación con las tres reformas procesales pendientes en este momento -la ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, la ley de Tribunales de Instancia y la denominada de Agilización Procesal-, sólo es respecto a esta última que la Abogacía se ha manifestado sustancialmente en contra porque restringe, reduce y hasta anula en algunos casos el derecho de defensa que la Constitución reconoce y, por tanto, merma derechos fundamentales de los ciudadanos.
A raíz de ello el vocal del Consejo General del Poder Judicial Gómez Benítez ha manifestado que lo que en realidad se busca por algunos Abogados es aumentar la facturación gracias a la lentitud y la multiplicidad de los recursos.
"La Abogacía -señala Carnicer- ha demostrado constantemente que no le guía en este ni en otros casos la defensa de intereses corporativos ni económicos sino la obligación de defender los derechos de los ciudadano".
Postura del Consejo General de la Abogacía
El Presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha dicho que "el Consejo de la Abogacía hace anualmente decenas de aportaciones, sugerencias y críticas fundamentadas a los numerosos Anteproyectos y Proyectos de Ley que se tramitan y que, en la inmensa mayoría de los casos sus propuestas son asumidas o valoradas positivamente por las instituciones competentes, desde el propio CGPJ al Ministerio de Justicia o el Consejo de Estado, entre otras".
"La Abogacía -reitera – se viene manifestando en contra de la eliminación de recursos, tendencia creciente por otra parte, porque estima que perjudica a los ciudadanos, limita su derecho de defensa y merma la tutela judicial efectiva.
"Es inconcebible que alguien que se denomina Abogado haga imputaciones tan graves de forma infundada." "Habrá que recordarle -apunta Carnicer- las múltiples actuaciones de la Abogacía en defensa de los derechos de la mujer, de los inmigrantes, de los menores o en la Justicia Gratuita, donde los Abogados son ejemplo diario de profesionalidad y altruismo, o que los Abogados hemos sido, en muchas ocasiones, la vanguardia de la promoción de reformas legislativas que mermando, y mucho, la rentabilidad económica de nuestro trabajo, hemos tenido en cuenta, ante todo, los derechos e intereses de la ciudadanía, como sucedió con la eliminación del trámite de separación previo al divorcio.
Finalmente, Carnicer señala que tampoco es cierto en absoluto que exista división de opiniones entre el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados con mayor número de colegiados.
"En todo caso -termina Carnicer-, si alguien considera que un Abogado abusa de los recursos sin razón alguna debe denunciarlo inmediatamente al Colegio de Abogados correspondiente y exigir las responsabilidades que procedan".
