El Consejo General de la Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han firmado un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicarse con sus abogados a través de videoconferencia.
El acuerdo fue firmado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Victoria Ortega destacó que con este sistema se conseguirá “ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes”. Todo ello, “sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos”, añadió.
Ortiz señaló, por su parte, que el convenio supone “un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad”.
El objetivo del convenio es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias.
El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, en 2020 el sistema se extendió a los centros Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Con este convenio marco se quiere ir extendiendo a todos los demás centros, a medida que los diferentes Colegios de la Abogacía se vayan adhiriendo al mismo.
El Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados. La Administración penitenciaria, por su parte, se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad
