- El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha celebrado una nueva sesión de su ciclo de conferencias en la que ha participado el magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo
El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una sesión de trabajo para abordar los retos e identificar propuestas que permitan reducir el riesgo penal de la persona jurídica sin debilitar la eficacia del sistema sancionador.
La sesión, presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz- Ambrona, ha contado con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo. Durante el encuentro, se ha subrayado el impacto que los automatismos de imputación y la excesiva duración de las instrucciones penales tienen sobre la actividad de las empresas, especialmente cuando los procedimientos se prolongan sin llegar a una acusación formal.
A este respecto, Arnaldo ha recalcado la necesidad de reducir el automatismo imputador para evitar que la apertura de una causa penal se convierta, de facto, en una condena anticipada. Desde una óptica constitucional, la imputación prolongada genera efectos punitivos (reputacionales y económicos) difícilmente reversibles, lo que tensiona la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Asimismo, Arnaldo ha insistido que existe una falta conciencia del perjuicio que supone prolongar procedimientos cuando no hay base suficiente, y en la conveniencia de dotar de garantías y criterios claros a quienes instruyen estos asuntos.
En la sesión, también se ha insistido en la necesidad de mejorar la previsibilidad y la agilidad del sistema para evitar la ‘pena de banquillo’ en compañías que cuentan con programas de cumplimiento serios y eficaces.
Tras la intervención del magistrado, se ha dado paso a un coloquio en el que los miembros del Grupo de Trabajo han planteado instrumentos prácticos que ayuden a jueces y fiscales a evaluar, de forma temprana, la eficacia de los sistemas de cumplimiento. En esta línea, se ha defendido que contar con un mecanismo verificable y aceptable por todos, ayudaría a separar rápidamente los casos en los que hay indicios de incumplimiento de aquellos en los que la compañía ha actuado diligentemente y coopera con la investigación.
Asimismo, se ha puesto el foco en la colaboración entre empresas y autoridades. Los asistentes han recalcado que, si una compañía investiga, documenta y remite a Fiscalía una investigación interna completa, ese esfuerzo debería traducirse en seguridad jurídica.
A esta sesión han asistido los responsables de cumplimiento y servicios jurídicos de las empresas que integran el Grupo de Trabajo, entre ellas Iberdrola, El Corte Inglés, Técnicas Reunidas e Inditex, así como representantes de Aena o PwC, entre otros.
El compliance como herramienta de seguridad jurídica
Esta sesión se enmarca en los trabajos que el Grupo viene desarrollando desde su constitución en mayo de 2024, con el propósito de contribuir a que las investigaciones penales contra empresas se desarrollen con agilidad y previsibilidad para mitigar el riesgo de parálisis operativa y el elevado coste reputacional y económico que, a menudo, conllevan las imputaciones prolongadas, incluso cuando no concluyen en acusación.
El Grupo de Trabajo, presidido por Iberdrola, está desarrollando un ciclo de conferencias con los operadores jurídicos y empresariales con el objetivo de promover una cultura ética empresarial que priorice la prevención de delitos y la identificación de buenas prácticas de cumplimiento normativo.
