El Gobierno valenciano ha aprobado plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción al considerar que la norma "entra en colisión" con las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de servicios sociales.
Según ha explicado el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el objeto del recurso es solicitar al Tribunal Constitucional que delimite las competencias de servicios sociales reconocidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana a la Generalitat.
Rambla ha añadido que el Gobierno valenciano espera que, con este recurso, el Alto tribunal derogue "determinados preceptos y disposiciones de la ley estatal que no respetan dichas competencias".
Ha recordado que el Consell remitió a Les Corts Valencianes esta norma, donde fue aprobada en 2007, con anterioridad a la normativa estatal, que "contiene en esencia una regulación sobre el mismo objeto" que la autonómica.
Así, la Generalitat mantiene que ambas normativas regulan el régimen jurídico de empresas de inserción, que "incorporan a personas que tienen una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo, como las personas discapacitadas", ha precisado.
Estas empresas se regulan por un marco que, tanto en la ley autonómica como en la estatal, tiene la finalidad de promover la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de estas entidades.
El Estatuto valenciano otorga competencias a la Generalitat en servicios sociales, instituciones públicas de protección y ayuda a menores, jóvenes, inmigrantes, tercera edad, personas con discapacidad u otros grupos y sectores necesitados de protección especial, junto a la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
Por ello, Rambla ha remarcado que la ley estatal supone "una injerencia" y "entra de pleno en las competencias propias de esta comunidad autónoma".
Por otro lado, el Gobierno valenciano ha acordado destinar a las universidades públicas valencianas un total de 46,2 millones de euros para atender gastos financieros, amortizar capital de créditos y emitir bonos para subvencionar las infraestructuras docentes universitarias.
En función de la distribución acordada, la Universidad Miguel Hernández de Elche recibirá 8,2 millones de euros, mientras que la Universitat de València dispondrá de 13,7 millones y la Universidad Jaume I, de 6,9.
Del mismo modo, 10,7 millones de euros serán para la Universidad Politécnica de Valencia y 6,5 para la Universidad de Alicante, al tiempo que se han previsto 451.010 euros para financiar el funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades.
El Consell también ha autorizado una inversión de 12,6 millones de euros para la instalación de placas fotovoltaicas en los talleres de Valencia -Valencia Sud, Machado y Naranjos- y Alicante -El Campello- de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).
En materia económica, se aportarán 540.000 euros a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL) y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para el funcionamiento del Centro Euromediterráneo de Cooperación Empresarial.
Otro de los acuerdos adoptados hoy por el Consell en su reunión plenaria semanal ha sido el de destinar 90.140 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de actividades y proyectos educativos y de formación.
Con este convenio, la Generalitat pretende "colaborar en la defensa de la democracia y los Derechos Humanos y en la construcción de una sociedad más tolerante, más solidaria, abierta y unida", ha asegurado el vicepresidente.
