Ya se ha entrado en su tercera semana de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales. El seguimiento se mantiene, según los convocantes, levemente por encima del 80 %. En Madrid se alcanza el máximo seguimiento en los días de huelga que llevamos. En España se estima, siempre según los LAJ, que son 100.000 los juicios y las vistas suspendidos; en Madrid 12.000. El Tribunal Supremo sigue en huelga en su mayoría, y cerrado el registro general. En Madrid hay más de 18.000 demandas paradas pendientes de reparto. La cuenta de consignaciones judiciales sigue bloqueada. Hay 350 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia de la huelga. Se calcula en 12 millones de euros los importes de las multas que en ejecución penal se han dejado de ingresar en el tesoro público. En definitiva, la actividad en los juzgados se ha reducido en más de un 60 por ciento, y no es superior porque que se están cumpliendo con total responsabilidad los servicios mínimos. Para recuperar el retraso causado por las dos primeras semanas de huelga será necesario al menos cuatro meses de trabajo, según los LAJ.
Comunicado del CGAE
En relación con la huelga que están llevando a cabo los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), el pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su reunión del 3 de febrero, considera que:
- Todos los trabajadores y profesionales tienen derecho a ejercer la huelga en reclamación de los derechos o contraprestaciones que consideren justos. No obstante, tanto el Ministerio de Justicia como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño desproporcionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recuperar su actividad en condiciones de normalidad.
- El ejercicio del derecho de huelga por parte de los LAJs está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas. La Abogacía considera que la materialización de este ejercicio no debe menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la justicia, especialmente en los casos de mayor urgencia o en los que se vean involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
- Los actos asociados a la huelga no pueden tener como cometido causar el mayor daño posible a los derechos de la ciudadanía, sino mostrar a la otra parte el malestar por la situación y la necesidad de modificarla. Suspender los actos judiciales ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia, pero obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales.
- Por todo ello, mientras continúa la huelga, la Abogacía demanda a los LAJs que, en aras a limitar los perjuicios que se causa a los justiciables, notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas en señalamientos la suspensión de los mismos independientemente de las causas.
Hoy se va a celebrar una reunión entre los secretarios de gobierno de los tribunales autonómicos y el secretario general, de la que ambas partes confían en que se produzcan avances.
