La Junta de Castilla y León interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad al considerar que invade competencias exclusivas de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno de la Junta celebrado hoy aprobó la interposición de este recurso, según explicó el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien indicó que se entiende que esta Ley invade "competencias exclusivas" reguladas por el Estatuto de Autonomía.
La Junta considera que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece una regulación tan exhaustiva y detallada que excede el concepto constitucional de "legislación básica", quedando mermadas las posibilidades de la Comunidad de Castilla y León en el desarrollo de la legislación básica del Estado.
De Santiago-Juárez explicó que principalmente las competencias que vulnera son las relacionadas con la Ordenación del Territorio, así como la competencia "exclusiva" para determinar las especies cazables.
Además, aseguró que hay algunas otras cuestiones que no quedan claras como la prohibición de utilización de plomo, aspecto que no queda bien delimitado, con una ley "ambigua", que no determina en qué zonas no se puede utilizar este material para la caza.
El portavoz del Gobierno regional recordó que la Ley ya fue recurrida por Madrid y "parece" que La Rioja estudia la presentación de un recurso.
Fundamentos
La Junta explicó que el Tribunal Constitucional manifiesta en su sentencia número 101 del año 2005 que la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente no puede llegar a tal grado de detalle que no permita a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo de la legislación básica, porque, en caso contrario, las competencias autonómicas quedarían vacías de contenido.
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural, que deroga la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, efectúa una revisión total del ordenamiento con rango de legislación básica del Estado en materia de conservación de la naturaleza y sobrepasa el concepto de legislación básica, al no dejar margen en la práctica para el desarrollo normativo autonómico.
En esta materia, la Comunidad de Castilla y León, según recoge su Estatuto de Autonomía, ostenta como competencias exclusivas la "pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y explotaciones cinegéticas", así como "la protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades".
Asimismo, el artículo 71 dispone que "en el marco de la legislación básica del Estado, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las materias de 'Protección del medio ambiente y de los ecosistemas; prevención ambiental; vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas', así como de los 'Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos'.
De la misma forma, la Junta estima que la citada Ley invade las competencias de la Comunidad en un tema de gestión exclusiva como es la actividad cinegética y reduce la capacidad normativa que la Unión Europea otorga a los gestores de las áreas protegidas Red Natura 2000.
