Un Juez condena a la productora de "Sálvame de Luxe", Telecinco y Sonia Madoc al pago de 70.000 euros por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad de Pepe Navarro. Miguel Ángel Morillas, abogado de Medina Cuadros que ha llevado el caso comenta a Legal Today que "las indemnizaciones que conceden los Juzgados son muy bajas si lo comparamos con el beneficio económico real que obtienen las cadenas de televisión y las productoras por este tipo de programas".
El Juzgado de Primera Instancia n. 63 de Madrid ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por Pepe Navarro, cuya defensa estuvo a cargo del despacho Medina Cuadros Abogados, al considerar que la entrevista realizada a Sonia Basseda, también conocida como “Sonia Madoc”, en el programa “Sálvame deluxe” emitido el 30 de abril de 2010 por Telecinco constituye una vulneración del derecho al honor y una intromisión en el derecho la intimidad personal y familiar.
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Esta vez ha sido a favor de José Navarro Prieto, "Pepe Navarro", a raíz de una entrevista emitida en "Sálvame deluxe" a una mujer que decía que había tenido una relación con el presentador.
El juzgado ha condenado a la productora de "Sálvame de Luxe", Telecinco y "Sonia Madoc" a indemnizar solidariamente a Pepe Navarro en la cantidad de 70.000 euros más las costas del procedimiento, así como a dar publicidad del encabezado y fallo de la sentencia en el mismo espacio televisivo u otro con relevancia semejante en la misma cadena televisiva, día y franja horaria.
El Juzgador considera que "dejando a un lado el lenguaje soez y vulgar" utilizado, una persona por muy conocida que sea no está obligada a soportar todo lo que se diga de ella, no autorizando la Ley a realizar elucubraciones o elaborar opiniones sobre la vida íntima o sexual de nadie.
Del mismo modo, el Juez de Instancia entiende que la emisión de juicios y opiniones, que la demandada Sonia Basseda (junto con las voces en "off" y subtítulos) realiza en orden a la vida más íntima de Pepe Navarro, contiene expresiones vejatorias y descalificadoras de su persona, además, innecesarias para la opinión pública, implicando una importante descalificación y desvalorización de su persona frente a los demás (incluida su propia familia) y desprestigiando gravemente su actividad profesional.
Hablamos con Miguel Ángel Morillas, abogado que ha llevado el caso
El Despacho Medina Cuadros Abogados muestra su satisfacción por esta Sentencia, en el convencimiento de haber logrado para nuestro cliente el mejor resultado en la defensa de sus intereses. Hemos hablado con Miguel Ángel Morillas, abogado de Medina Cuadros que ha llevado el caso. Preguntado por la estrategia procesal que pensaron, nos responde que "Este tipo de procedimientos tienen un escaso margen para adoptar estrategias procesales complejas. Una vez decidido el orden jurisdiccional, que en la mayoría de los casos será el civil en detrimento del penal, sólo queda interponer la demanda". "Por el principio de intervención mínima del derecho penal -puntualiza para Legal Today", es muy complejo que una acción prospere en este orden, reservándose el Penal para aquellos supuestos más graves. Depende del caso concreto por supuesto, pero por nuestra experiencia sabemos que hay muy pocas probabilidades que un asunto derivado de la llamada prensa rosa prospere en la Jurisdicción Penal".
Morillas está convencido de que la otra parte va a recurrir. Ante ello, le preguntamos por qué no intentaron la negociación. Nos responde que "Nuestra experiencia en este tipo de asuntos nos dice que tanto las cadenas de televisión como las productoras no negocian sin tener una resolución judicial desfavorable aspecto que fue confirmado en la Audiencia Previa donde no manifestaron ninguna intención de negociar.
Los tribunales en este tipo de asuntos a veces generan sentencias contradictorias en casos similares, así que le preguntamos a Miguel Ángel Morillas cómo afrontó con su cliente esta posibilidad. "En este supuesto fue sencillo -nos comenta- puesto que el Sr. Navarro tiene una amplia experiencia en este tipo de asuntos y es conocedor de los riesgos existentes por la disparidad de criterios de los tribunales, sobre todo en Primera Instancia".
