El modo de articular el Derecho constitucional a una asistencia letrada gratuita se hace, bajo el punto de vista de los abogados mismos y de gran parte de la sociedad, a costa de sacrificar buena parte de lo que es la profesión en sí –mutua confianza, libre elección y libre establecimiento de honorarios-. Ello es lícito por un lado, pero no deja de ser forzado; y en estos momentos los abogados del Turno se sienten mal. ¿Hay algo que cambiar?.
Los abogados del turno de oficio califican el servicio con una nota del 5,5, según una encuesta realizada por Metroscopia para el Observatorio de la Justicia Gratuita y hecha pública por el Consejo General de la Abogacía Española a más de 1.600 letrados. Esta nota es claramente inferior a la obtenida en 2007, donde puntuaban la Justicia Gratuita con un 6,1.
Para los abogados, los problemas más importantes son la escasa retribución y la falta de control sobre los beneficiarios de Justicia Gratuita.
Como mejoras, defienden el establecimiento de una bolsa de garantía que asegure el pago de las minutas correspondientes a clientes del Turno de Oficio (95%); la posibilidad de conseguir una provisión de fondos del beneficiario de justicia gratuita (80%), el establecimiento de criterios para poder cobrar gastos menudos a clientes de oficio (76%), y permitir la coparticipación del beneficiario en el coste de la Justicia Gratuita (68%), entre otras medidas.
La libre elección del abogado de oficio con matices la apoyan un 48 por ciento de los abogados del Turno.
Dado el imparable incremento de costes y su irrenunciable función social, se propone a la Administración que estudie establecer una escala de corresponsabilidad económica del beneficiario, en función de sus ingresos, así como que asuma el compromiso del cobro del posible porcentaje no exento.
Al igual que los Colegios, el informe insiste en la necesidad de una permanente mejora de la formación inicial, continuada y especializada de estos abogados, que no son jóvenes ni inexpertos (De acuerdo con datos del Informe, la edad media del abogado de oficio es de 41 años y su experiencia media de 13,5 años).
También proponen la instauración de controles de calidad tanto internos como externos mediante cuestionarios homologados dirigidos al usuario. En este terreno, también deben ser máximos la transparencia y el rigor. Además, abogan por impulsar el establecimiento de Servicios de Orientación Jurídica Gratuita para personas discapacitadas, así como el reconocimiento y la ampliación del beneficio de la justicia gratuita a los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que vienen prestando muchos Colegios de Abogados, con cargo a sus presupuestos.
