66 por ciento de los demandantes son mujeres, de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 34 por ciento son hombres. Cataluña, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Murcia, ya han valorado la práctica totalidad de las solicitudes. El 4 de septiembre está prevista la reunión de la Comisión Delegada de Dependencia donde se medirán las fuerzas reales con las que los presupuestos se enfrentan a los dependientes. «La realidad ha superado con creces las previsiones iniciales». Estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria sintetizan la situación de aplicabilidad de la Ley de Dependencia tras el último balance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Además, la Ministra Cabrera ya ha admitido que la crisis económica condiciona los fondos de la Ley.
Según el último balance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, fechado el 30 de julio, 436.205 personas de las 536.342 evaluadas (el 81,33 de los solicitantes) tienen ya reconocido su derecho a la prestación.
Los números reflejan que todavía hay 100.137 personas cuyas autonomías todavía no han analizado su caso, y con los números en la mano, los beneficiarios y el presupuesto disponible, no hay para todos.
Datos por comunidades
Cuando la Ley entró en vigor el uno de enero de 2007, se estableció un plazo máximo de tres meses para la constitución del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cosa que se hizo en el mismo enero; y de otros tres meses desde su constitución para que el Gobierno y las Comunidades Autónomas acordasen el baremo, los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas.
Las regiones más adelantadas en la evaluación de las solicitudes son Cataluña, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Murcia, territorios que prácticamente han ya valorado la práctica totalidad de los solicitantes.
Las regiones más retrasadas a la hora de valorar a los posibles dependientes son:
- Extremadura, con una evaluación del 58,66% de las solicitudes
- Baleares, con un 59,86%
- Navarra, con un 66,72%
- Cantabria, con un 67,75%
Con más del 70 por ciento de los casos analizados, se encuentran Galicia (70,32%), Canarias (73,91 por ciento), La Rioja (75,35%), Andalucía (77,71%), Asturias (78,5%), Castilla-La Mancha (81,67%), Melilla (84,95%), Ceuta (86,21%), la Comunidad Valenciana (86,99%) y Aragón (87,42%).
Según el informe, el 66 por ciento de los demandantes son mujeres (329.929), de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 34 por ciento son hombres (173.402).
Andalucía es la comunidad autónoma que más demanda registra con 173.411 personas solicitantes, seguida de Cataluña, que arroja un número de 62.610, Galicia (45.831), Castilla-La Mancha (33.647, Comunidad Valenciana (32.825), Castilla y León (22.769). Por el contrario, La Rioja (6.386) y Cantabria (10.115) han sido las regiones con menos demanda. Aragón tiene 20.317 solicitudes, Extremadura 20.827, Asturias 19.910, Madrid 16.191, Canarias 15.567, Navarra 15.050 y País Vasco 12.709. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 805 y 1.136 solicitudes respectivamente.
Situación económica
Transcurrido un año de aplicación efectiva de la ley, los representantes autonómicos de asuntos sociales han puesto en común y comunicado a la Ministra Cabrera, responsable del Ejecutivo en la llevada a cabo efectiva de la Ley, a pesar de que esta competencia está trasferida a las Comunidades Autónomas, que la problemática de cada uno de los gobiernos a la hora de poner en marcha un sistema tan complejo y ambicioso como es el caso de la Ley de Dependencia es enorme.
A día de hoy, las Comunidades Autónomas están haciendo un esfuerzo presupuestario por encima de sus capacidades reales. Será el día 4 de septiembre cuando en la reunión de la Comisión Delegada de Dependencia se evalúen todos los factores para encajar los ajustes factibles en los Presupuestos Generales del Estado.
Hoy mismo se ha manifestado en un comunicado de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos valencianos que la aplicación de la Ley de Dependencia en los entornos rurales de la Comunitad Valenciana, cuando se cumple año y medio de su entrada en vigor, es prácticamente inexistente. "Si en las ciudades la aplicación de esta Ley está siendo tardía y deficitaria y no está cumpliendo con las expectativas de los dependientes y sus familiares, en los pueblos esta situación se encuentra mucho más agravada", señala el documento.
