Las tasas judiciales en segunda instancia subirán entre 50 y 750 euros. Para Ruiz-Gallardón "en un pleito hay otros gastos que afrontar que resultan tanto o más disuasorios de lo que pudieran ser las tasas".
Más de 12.000 abogados se han concentrado ayer ante las sedes judiciales o colegiales de toda España en respuesta a las concentraciones convocadas por la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, que reunida el jueves 8 de noviembre en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad exigir “la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas Judiciales (actualmente en tramitación en el Senado), que consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”. Esta medida se ha adoptado por “la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación con gravísimas afecciones al Estado de Derecho”.
En la concentración de Madrid contra el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses han participado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, además del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, y los candidatos a las elecciones colegiales.
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La protesta madrileña, en la que han participado más de 300 abogados y jueces, ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer "Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales". Durante el acto, el presidente del CGAE ha indicado que si se aprueba el proyecto de ley de tasas judiciales, la abogacía pedirá a los jueces que se planteen cuestiones de inconstitucionalidad contra la norma e interpondrá recursos de amparo cuando se pretenda cercenar el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en la Carta Magna.
Numerosos Colegios de Abogados han anunciado que se sumaran a las propuestas del presidente Carnicer en relación a cuestionar la constitucionalidad del proyecto de Ley que actualmente se tramita en el Senado.
Impacto de las concentraciones
En la concentración de Vizcaya, donde han acudido más de 500 asistentes, el decano del Colegio de Abogados, Nazario Oleaga, ha declarado que "al producirse estas trabas se estará vulnerando el derecho de los ciudadanos a ser protegidos por los Tribunales frente a las injusticias, así como incluso ante posibles errores cometidos, en ocasiones, por la propia Administración". Al acto, celebrado, frente al Palacio de Justicia de Bilbao, han participado, entre otros, representantes de la judicatura, Alfonso González-Guija, juez decano de Bilbao, de la fiscalía, Juan Calparsoro, Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y de los procuradores, Pablo Bustamante, decano del Colegio de Procuradores.
En Barcelona, el decano Pedro L. Yúfera ha declarado que "el Colegio de Abogados de Barcelona rechaza totalmente el proyecto de ley de tasas judiciales propuesto por el Ministerio de Justicia. Como colofón a todas las acciones realizadas, desde hace meses, por el Colegio dirigidas a denunciar la situación que puede comportar el establecimiento de unas tasas judiciales a nivel estatal y con la voluntad de reducir el agravio que puede suponer la aprobación de las mismas, tanto para el ciudadano como para el abogado, hemos querido hacer esta concentración silenciosa".
En Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, decano del Colegio de Abogados, agradeció a los asistentes la presencia "en un acto en el cual la Abogacía ha querido evidenciar su unidad e implicación en la salvaguarda del derecho de defensa del ciudadano ante de uno de los proyectos legislativos más regresivos de nuestra Democracia". El decano de Mataró, Julio J. Naveira, ha manifestado durante la concentración -a la que asistieron abogados, procuradores y personal de la administración de justicia- que "la inmediata retirada del proyecto de ley de tasas judiciales debe ser una realidad en un plazo breve de tiempo".
El decano de los abogados de Valencia, Mariano Durán, ha liderado la concentración de protesta de los abogados valencianos criticando "la ineficacia de las reformas acometidas hasta ahora y el presumible empeoramiento de la situación con graves consecuencias para el Estado de Derecho".
Más de 400 abogados y otros representantes de la Administración de Justicia de Cantabria se han concentrado en el Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, para protestar contra el proyecto de Ley que prevé la subida de las tasas judiciales y que supone una "auténtica barbaridad" y un "recorte" y "retroceso gravísimo" al derecho de los ciudadanos de reclamar ante los tribunales.
Por su parte, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha criticado que el PP está tramitando este proyecto de Ley "sin debate parlamentario, sin el apoyo de ningún otro grupo político y sin haber" contactado con los sectores profesionales vinculados con la Justicia. El decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, aseguró durante la concentración que la Ley de Tasas "consagraría una injusticia absoluta", estableciendo "una justicia diferenciada para ricos y pobres".
Letrados y procuradores, han asistido a la concentración de Talavera de la Reina, donde su decano, José F. Hormigos, ha asegurado que "el pago de las tasas judiciales, cercena el acceso de los ciudadanos a la Justicia". En las concentraciones celebradas en Ciudad Real, a las que se asistieron más 160 abogados, se procedió a la lectura de un manifiesto a cargo del decano del Colegio, Cipriano Arteche. A las concentraciones también se sumaron procuradores, algunos jueces y secretarios judiciales y también funcionarios de Justicia.
En Galicia, más de 500 abogados protestaron el pasado viernes en respuesta a la convocatoria realizada por el presidente del Consejo Gallego de la Abogacía y decano de A Coruña, Antonio Platas Tasende, quien aseguró que "las tasas atentan contra el derecho a la tutela judicial".
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León y los decanos de los nueve colegios de abogados de la Comunidad Autónoma organizaron nuevas concentraciones simultáneas para pedir la retirada de la Ley de Tasas, en respaldo a la protesta nacional.
El Colegio de Abogados de las Islas Baleares ha celebrado un nuevo acto de protesta contra las tasas judiciales y otras propuestas de reforma cuya aplicación, a tenor de los abogados, podrían suponer un serio retroceso en el derecho a la Justicia de los ciudadanos. La concentración, celebrada en el patio interior de los juzgados de Sa Gerreria, ha estado presidida por el decano, Martín Aleñar.
Cientos de letrados de Las Palmas y del resto de Canarias han exigido en la capital grancanaria la retirada del proyecto de ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, y la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. El decano del Colegio de Las Palmas, Joaquín Espinosa, ha criticado ambas leyes y se ha manifestado en favor de un pacto de Estado por la Justicia para superar la "lamentable" situación en la que se encuentra.
Intervención de Carlos Carnicer, Presidente de la Abogacía Española
El Consejo General de la Abogacía Española pedirá a partidos políticos, Defensor del Pueblo, jueces y organizaciones de consumidores que formulen recursos y cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de derechos si el Gobierno aprueba la Ley de Tasas, que esta tarde se vota en la Comisión de Justicia del Senado: así lo aseguró ayer el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la concentración celebrada ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en protesta por la tramitación de este tributo, bajo el lema "Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales.
En la concentración, en la que han participado unas 300 personas, Carnicer estuvo acompañado del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, junto a representantes de todas las candidaturas en el proceso electoral al Colegio de Madrid.
"Los abogados estamos defendiendo las libertades civiles de la ciudadanía. No es de recibo que, si se aprueba esta ley, la inmensa mayoría de los españoles tengan que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales", aseguró Carnicer, quien añadió que la institución que preside impulsará los recursos de amparo que pueden plantearse cuando los ciudadanos dejen de pagar las tasas por "abusivas".
El presidente de la Abogacía añadió que si el Gobierno mantiene esta ley es "porque no conoce la realidad social del país o porque la conoce y deja a la mayoría de los españoles sin acceso a la justicia". El presidente de la Abogacía recordó que un ciudadano tendría que abonar 19.500 euros en concepto de tasas, incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, por un juicio de accidente de tráfico.
