Tres años y casi nueve meses lleva presentado un recurso de inconstitucionalidad del texto del Estatuto catalán ante el TC.
La vida judicial de alto standing está al rojo vivo. Si uno quiere estar al día de la última, no se sabe dónde mirar: ¿a las fosas de la Guerra Civil?, ¿a Baleares?, ¿a los dineros del Banco de Santander para la Cátedra Juan Carlos I?, ¿a Correa y sus tejemanejes?, ¿a las conversaciones telefónicas intervenidas abusivamente?, ¿al crédito/descrédito del Consejo General del Poder Judicial, según quién se pronuncie?, ¿a las manifestaciones en defensa de Baltasar Garzón?, ¿a lo que tarda la Sentencia del Estatut?, ¿a si, aprovechando que la Sentencia está atrancada se renueva el TC y con personal fresco sale de un tirón?
Llevamos unas semanas en las que la prensa escrita se debate por acertar qué poner en su primera página dada la cantidad de cosas que pasan a la vez. Afortunadamente, la erupción del volcán Eyjafjalla se llevó al menos un día el puesto de honor.
El Estatut y su constitucionalidad o inconstitucionalidad es uno de los tops de la temporada. Parece que ni unos ni otros se atreven a establecer el punto de bifurcación entre lo que sí y lo que no: mal si sí, mal si no. Ello, teniendo en cuenta que a día de hoy está desplegado un setenta y cinco por ciento del Estatut, lo que se traduce en 41 leyes ya aprobadas, veinte en trámite y doce en el horno.
El Estatut y la problemática concreta
El Estatut (¿quiere leer el articulado?) plantea tensiones con la Constitución principalmente en los siguientes aspectos:
- El Parlamento catalán, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación". El término "nación", para los recurrentes, pertenece "al conjunto del pueblo o del Estado". Esta palabra fue objeto de controversia desde los inicios, cuando se estaba en proceso de redacción del texto. Como introducirlo en un artículo se reveló inviable, se pactó su traslado al Preámbulo. Según parece, este aspecto pasa el corte de constitucionalidad.
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Una financiación que rompe el principio de solidaridad establecido. Ello incluye un compromiso
por parte del Estado en inversión en infraestructuras, cesión de impuestos, una
Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat etc.
Concretamente, el Estado tendría que ceder la mitad del IRPF y del IVA; así como un 58 por ciento de los impuestos especiales; acompañado de una Agencia Tributària de Catalunya, para gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar, en consorcio paritario con la Agencia Tributaria estatal.
Según se ha sabido, la sentencia recortaría sensiblemente estos planteamientos. - La obligatoriedad práctica de la lengua catalana, en especial en la enseñanza. Al igual que en la financiación, el Pleno del TC estaría matizando el alcance de dichas obligaciones.
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En el
ámbito de la Justicia:
- Un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como órgano cúspide en el territorio (última instancia judicial y quien conocería de los recursos de casación, quedando para el Tribunal Supremo el recurso de unificación de doctrina).
- Con Presidente (del TSJ) y Presidentes de Sala a nombrar con intervención del Consejo de Justicia de Cataluña.
- Ese Consejo de Justicia de Cataluña sería una especie de Consejo General del Poder Judicial, incluidas:
- competencias en materia de disciplina e inspección,
- control de legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno de los juzgados catalanes,
- convocatoria de oposiciones a juez,
- diseño, organización y dotación de las oficinas judiciales,
- competencia normativa sobre el personal de la Administración de Justicia que no sean Jueces ni Magistrados.
- establecimiento de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalidad catalana.
¿Qué pasa en el Tribunal Constitucional?
El Pleno del Tribunal Constitucional, formado por doce miembros (once más su Presidenta, María Emilia Casas de los cuales uno, Roberto García-Calvo, falleció hará dentro de poco dos años no se pone de acuerdo para sacar una Sentencia.
Teóricamente este pleno debería estar renovado hace tiempo, ya que aparte del fallecimiento de García-Calvo, cuya plaza sigue vacante -y en cuyo velatorio los asistentes aprovechaban para hacer cálculos acerca de quién podría ir en su lugar y cómo ello influiría en una Sentencia acerca del Estatut-, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez -precisamente el ponente de la sentencia-, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata están en funciones desde 2007. Por su parte, Eugeni Gay, Elisa Pérez-Vera y Javier Delgado terminan su mandato en noviembre.
Pero esa necesaria renovación plantea una complicada problemática que expusimos cuando empezó a plantearse.
En verano de 2008 parecía que se iba a descongestionar esto y más cosas, pero vamos para dos años de ello, y la tensión está a suma y sigue. Parece que sobra tiempo y falta, ¿qué? Completen ustedes la frase.
