El Ministro de Cultura afirma que se debe llevar a cabo "un acuerdo concertado entre la industria cultural, los propietarios de los derechos y los consumidores". Se promoverá la información precisa y objetiva sobre los derechos de autor y las consecuencias de no respetarlos.
El Ministro de Cultura, César Antonio Molina, asistió ayer en Bruselas a un Consejo de Ministros de Cultura en el que se aprobaron varias conclusiones y acuerdos. Uno de ellos, de gran alcance, abarca la lucha contra la piratería digital, que reafirma la estrategia que el Ministerio de Cultura viene defendiendo en torno a la necesidad de promover un acuerdo general entre todos los sectores implicados, que ponga las bases para una oferta de contenidos en Internet más ordenada, segura y diversa.
En el texto aprobado, los diferentes titulares de departamentos ministeriales de los Estados miembros solicitan "medidas concertadas entre las partes afectadas, para promover soluciones concretas, eficaces, justas y proporcionadas que favorezcan el desarrollo de la oferta legal en línea y prevengan la piratería". Las medidas girarán sobre:
- campañas de sensibilización,
- acuerdos entre distintos sectores,
- acuerdos de autorregulación o de corregulación, y
- puesta en marcha de mecanismos no judiciales.
Dentro de las campañas de sensibilización, se incluirán medidas tanto para los potenciales infractores como para los creadores. Para estos últimos, se diseñarán campañas en dos sentidos. Por un lado, se les hará conocer con precisión las consecuencias de la piratería sobre su actividad creadora y la diversidad cultural. Por otro, se les animará a estudiar una reforma de las condiciones de oferta legal de películas y demás material en la red, para facilitar y hacer atractiva la descarga conforme a la ley.
Se ha instado, asimismo, a la Comisión Europea a confeccionar en un plazo de año y medio un informe que aclare las distintas iniciativas que cada país tenga puestas en marcha contra la difusión de contenidos en Internet al margen de las leyes de protección de la propiedad industrial e intelectual.
Iniciativas españolas en marcha
En España funciona desde el verano la Coalición Antipiratería. La componen Egeda (Entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales); la patronal de las discográficas, Promusicae; la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de España); la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP); la Asociación de Distribuidores Cinematográficos (Adican), que agrupa a empresas distribuidoras en salas, y la Asociación de Distribuidores de Vídeos (Adivan). Estas asociaciones, algunas con gran contestación social; como pudimos comprobar en Legal Today a raíz de la publicación de la entrevista a Julio Alonso, blogger demandado por la SGAE y de la puesta en marcha de la EXGAE luchan por la efectiva aplicabilidad del canon digital y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Además, consideran que la transposición de la Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico a través de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se ha hecho de forma incorrecta, en cuanto al régimen de responsabilidad de los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información.
De hecho, en 2004, SGAE denunció al Gobierno español ante la Comisión Europea por la defectuosa transposición de la Directiva. Concretaba los motivos en el error del concepto de "conocimiento efectivo", y la inclusión de los proveedores de enlaces entre los beneficiarios de la exención de responsabilidad en los términos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). La transposición se aparta de la Directiva, según la denuncia, al eliminar el requisito del "conocimiento indiciario" que la Directiva exige, y al hacer un desarrollo de una noción de "conocimiento efectivo" restrictivo.
