Se dice continuamente, y aquí también, dos cosas al respecto de la mejora de la Justicia. La primera es que hacen falta más medios, y por consiguiente más presupuesto. Este primer factor es objetivo y relativamente sencillo de identificar. El segundo es tan necesario como aquél, pero más difuso y complicado de conseguir, ya que se trata de coordinación y cooperación entre Comunidades. El viernes avanzábamos algo al respecto de que el Ministro había expuesto a los representantes autonómicos la necesidad de hacer patente el Acuerdo Social. Hoy, abundamos un poco más en ello.
Decíamos el viernes que el proceso de transición y aproximación de la Administración de Justicia a la nueva realidad de la España de las Autonomías no está cerrado, ya que aún hoy seis Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en la materia.
Independientemente de la conveniencia de cerrar el proceso y consolidar un modelo estable de distribución de competencias, -tal y como afirmó el Ministro en su comparencia parlamentaria apenas tomada posesión del cargo- es evidente que, como en otros ámbitos competenciales que también han sido objeto de transferencia, la temporalidad y los distintos ritmos que han marcado la necesaria adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías implican algunas disfunciones a las que urge poner remedio.
El Ministerio de Justicia informó a los asistentes a la Conferencia Sectorial que en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el propio Código Penal, el Gobierno pondrá el próximo mes de julio a disposición de los titulares de los órganos judiciales 3.000 pulseras de seguimiento telemático de las personas sometidas a medidas de alejamiento en materia de violencia de género.
La Conferencia Sectorial adquirió también el compromiso unánime de implantar la Nueva Oficina Judicial como una tarea compartida entre el Ministerio y las comunidades. La primera medida ha sido la constitución de un grupo de trabajo para poner en marcha el proceso. Su primera reunión será el próximo 16 de julio. Igualmente, se ha fijado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial para octubre en la que se abordará la organización y el seguimiento del proceso de implantación. En este sentido, el Ministerio y las Comunidades han acordado la creación de un grupo de trabajo que deberá acometer el inventario de todos los sistemas informáticos procesales actualmente existentes.
Por lo que respecta al personal al servicio de la Administración de Justicia, otro importante paso ha sido el consenso alcanzado con las Autonomías para realizar un estudio sobre la descentralización del personal al servicio de la Administración de Justicia y en particular en lo relativo a selección y provisión de puestos de trabajo. Con el modelo actual, las CC.AA. han manifestado que se produce una excesiva interinidad, que perjudica la calidad del servicio. El Ministerio se ha comprometido a valorar la viabilidad de la propuesta presentada por las comunidades en la reciente Conferencia de Barcelona.
