Las jurisdicciones Social y Contencioso-administrativa son las que en 2022 tuvieron una mayor dilación a la hora de resolver asuntos. En concreto, en la jurisdicción Social los pleitos arrojaron una duración media de 10,4 meses (mejor resultado que el obtenido en 2021, donde la duración media era de 12 meses) y de 12,1 meses para la jurisdicción Contencioso-administrativa (muy similar al año anterior, con una duración media de 12 meses).
Así lo refleja la XV edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que fue presentado el pasado jueves por la Fundación Aranzadi LA LEY en las oficinas de Uría Menéndez e Madrid. El estudio se configura como un sistema objetivo de estudio y análisis de la actividad de la Justicia a través de diez indicadores permanentes que permiten analizar su evolución de forma transparente. El cuarto de dichos indicadores es el referido a la duración media de los procesos en los distintos órganos judiciales y jurisdicciones. En cuanto al resto de las jurisdicciones, la jurisdicción Civil se mantiene en 8 meses de duración media también este 2022 como venía ocurriendo el año anterior y en el caso de la jurisdicción Penal mejora mínimamente el indicador en 2022 con una duración media de 3,1 meses frente a los 3,3 meses que tardaba en 2021.
Con carácter general, el informe, que puede descargarse en este enlace, y que analiza los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial mediante tecnologías de Inteligencia Artificial a través de la herramienta de analítica jurisprudencial Jurimetría, refleja que el 2022 no fue el año en el que la Administración de la Justicia cogió ritmo. Analizando una serie de indicadores, como la carga de trabajo de los jueces, la predictibilidad, la pendencia, las listas de espera o el volumen de resoluciones, el informe refleja que los tribunales estuvieron más colapsados, asumieron una mayor carga de trabajo y las listas de espera se cronificaron.
Tras la bienvenida por parte de Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, tomaron la palabra Jesús Remón, presidente de Uría Menéndez y Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY, quien presentó los principales indicadores que recoge este año el Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia.
A continuación, el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme y el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, miembros del Observatorio de la Actividad de la Justicia, analizaron cuál es el estado actual de la previsibilidad de nuestra Justicia y, en particular, los aspectos jurídicos y económicos más destacados de esta cualidad esencial de los órganos judiciales.
En la imagen, de izd. a derch: Jesús Remón, Juan Mora-Sanguinetti, Cristina Sancho, Cristina Retana y Miguel Pasqual del Riquelme
