A más de tres años de la entrada en vigor de la Ley, cabe cuestionarse hasta qué punto un texto legal puede ser efectivo. Muchas mujeres agredidas o muertas conviven con el hombre de quien tienen una orden de alejamiento.
Ayer, Inmaculada Montalbán, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, compareció en la Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley Integral, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, encargada de evaluar el funcionamiento de la mencionada Ley y de realizar, en su caso, propuestas de modificación. Montalbán valoró que, desde que se promulgó la Ley, la respuesta judicial penal ha mejorado, es más rápida y efectiva, pero que queda tarea por hacer y recursos que desarrollar.
Montalbán ha presentado dos propuestas de reforma legislativa:
- la primera busca introducir la formación obligatoria en violencia de género para todos los miembros de la carrera judicial que obtengan plaza, por concurso o ascenso, en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juzgados de lo Penal especializados en Violencia de Género o en Secciones Penales y Civiles especializadas en Violencia de Género, a tenor del diseño de especialización en esta materia que establezca el Consejo General del Poder Judicial.
- la segunda pretende la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, que agrupen dos o más partidos, a través de la correspondiente reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial; reforma que puede plantearse en esta misma legislatura, según anunciamos ayer el Legal Today. Ésta era una previsión de la propia Ley Integral que ha sido considerada en diferentes momentos pero que nunca se ha desarrollado definitivamente.
Ha abogado, además, en cuanto desarrollo de la Ley Integral, por la creación de Juzgados de lo Penal especializados en Violencia de Género, especialización que no podrá llevarse a cabo sin el incremento de planta de Juzgados de lo Penal que resulte necesaria. Ha considerado que su determinación debe ir precedida del correspondiente estudio de planta, iniciado ya por el CGPJ, y contemplar específicamente la carga de trabajo de los juicios rápidos, al objeto de garantizar su celebración en el plazo legal de 15 días, obviando las disfunciones actuales.
Montalbán ha recordado el incremento de denuncias por violencia de género -más de 126.000 en 2007 y más de 142.000 en 2008- ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que supone, en el primer año, mencionado una tasa de 54,4 denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años (en relación con el total de la población es de 27,9 denuncias por cada 10.000 habitantes) y de 62,4 denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años en el segundo (en relación con el total de población, 30,8 denuncias por cada 10.000 habitantes).
Desde la entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hasta diciembre de 2.008, estos órganos han recibido 132.894 peticiones de órdenes de protección, de las que se acordaron 99.350, un 75 % de las solicitadas. A esta cifra, hay que añadir las órdenes de protección resueltas por los Juzgados de Instrucción en funciones de guardia, en los que han tenido entrada, en el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2008 (tres años) más de 27.000 solicitudes (27.080).
