Tras el triunfo socialista en las elecciones presidenciales, conviene revisar las propuestas que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende desarrollar durante la próxima legislatura. Estamos ad portas de la mayor reforma del Poder Judicial desde aquella surgida bajo el paraguas de la Constitución. Los vientos reformistas transformarán el modelo actual del CGPJ y el proceso penal, descentralizando, además, la Justicia española. Muchas cosas pueden cambiar.
El presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha designado aún al ministro de Justicia que se hará cargo de la reforma; sin embargo, el programa electoral del PSOE señala con claridad las líneas principales de cambio que se pretenden desarrollar.
Quizá uno de los puntos que más controversia ha suscitado es el que atañe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PSOE pretende reformar. En primer lugar, se propone que el papel que desempeña y las competencias que le corresponden constitucionalmente se limiten a "gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente e independiente a las demandas ciudadanas de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en esta legislatura, y modificando el estatuto de los vocales para garantizar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas". En tal sentido, el PSOE asegura que evitará a toda costa que el Consejo se convierta en un foro político en el que diriman sus desencuentros los partidos políticos o diversos grupos de presión. Para lograr esta renovación, se pretende para antes del verano, es imprescindible un acuerdo con el Partido Popular.
Con el fin de cumplir este objetivo, los vocales del órgano de gobierno de los Jueces tendrán que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, la cual podrá emitir observaciones sobre los candidatos, garantizando así su idoneidad e independencia. Además, el presidente del CGPJ, al igual que cualquiera de los vocales, comparecerán ante las Cortes cada vez que se les requiera y se establecerá un plazo máximo para la renovación del órgano produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se cumpla dicho plazo.
Una propuesta para acceder a la Judicatura
Otra de las propuestas innovadoras que busca realizar el PSOE es la reforma del sistema de acceso a la Judicatura. La clave de este cambio estará en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, por lo que se aplicará un sistema de ayudas públicas a los opositores con insuficiencia de recursos. Desde el PSOE se entiende que el sistema privatizado que se utiliza actualmente para preparar la oposición ha de ser sustituido por un sistema público de preparación para el acceso a la Escuela Judicial.
A su vez, se fortalecerán "las vías complementarias de acceso a la Judicatura que den aprovechamiento a la experiencia jurídica y a la especialización adquirida en el ejercicio de las profesiones del Derecho en aras a la mejora del servicio público de la Justicia y de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos".
Cambios en el Supremo
El otro eje de la reforma es la descentralización del Tribunal Supremo, a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. El objetivo es que el Supremo sólo se dedique a la unificación de doctrina y que los Tribunales Superiores sean la última instancia en la mayoría de los casos.
En su programa electoral, el PSOE hace hincapié en impulsar las "normas procesales que tienen por objetivo el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, la reforma modernizadora del recurso de casación y la implantación de la nueva Oficina Judicial".
La idea es incluir en la reforma la universalización de la doble instancia penal, la cual ha sido postergada durante años.
Una nueva Ley Procesal Penal
El gobierno socialista pretende que durante la nueva legislatura se elabore y apruebe una nueva Ley Procesal Penal adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y que a su vez, favorezca la mediación "cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita"
En su Programa Electoral, el PSOE desarrolla la propuesta -algo polémica entre fiscales y magistrados- de encargar al fiscal la dirección de la investigación "con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías."
Siguiendo la misma línea de actuación que hasta el momento ha llevado a cabo el gobierno, se pretende profundizar en algunas reformas del Código Penal, tales como: tipificación del delito de asociación para delinquir; responsabilidad penal para las personas jurídicas y la lucha contra la corrupción pública y privada para garantizar los derechos de los accionistas, clientes y consumidores; protección de la intimidad; sanciones penales a los clientes de la prostitución de los menores de edad, y el acoso laboral y contractual.
Otro de los temas por el que los socialistas han abogado con fuerza desde su llegada al poder de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero es la lucha contra la violencia de género. En tal sentido, aseguran que reforzarán la protección a las víctimas de este delito, mejorando la actuación de las Oficinas de Atención a las Víctimas, como complemento del despliegue de la Oficina Judicial.
Para que todos entiendan la Justicia
El principal objetivo que se propone el Gobierno es lograr que en España funcione una "justicia clara y comprensible" para todos los ciudadanos. El PSOE desea que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos que emanan de los órganos judiciales proporcionen la información necesaria y se redacten en términos sencillos y comprensibles.
Para alcanzar una Justicia más participativa se promoverá la creación de un Consejo Consultivo de Organizaciones de Usuarios de la Justicia, que integrará a sindicatos, patronal, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de víctimas y federaciones de asociaciones de vecinos así como a los profesionales de la Justicia. Sin embargo, todavía no se conocen los plazos de creación de este Consejo ni cómo funcionará concretamente.
A su vez, se desplegarán Oficinas de Atención al Ciudadano con el objetivo de garantizar el conocimiento permanentemente sobre el contenido y estado de los procesos en los que se tenga un interés legítimo.
Tema pendiente
Uno de los grandes temas pendientes de la legislatura que culminará es la reforma de la Oficina Judicial, que ha levantado polvareda entre los profesionales vinculados a la abogacía y los miembros del Partido Popular. El PSOE ha señalado en reiteradas ocasiones que el PP boicoteó el modelo de Oficina Judicial presentado, pero se espera que tras la derrota electoral se alcance un consenso que permita darle una solución viable a este punto en concreto.
En suma, estamos ante un ambicioso proyecto de reformas que para llevarse a cabo necesita del apoyo político del otro gran partido de nuestro sistema, el Partido Popular. Sólo mediante consensos puntuales será posible lograr la estabilidad que tanto necesita la justicia española. De lo contrario, cualquier afán reformista caerá en saco roto y terminaremos sufriendo, durante un nuevo periodo de gobierno, de los mismos males que tanto daño le han hecho al espacio jurídico español.
Programa electoral PSOE: www.psoe.es/download.do?id=118784
