Cualquier incremento de las tasas aeroportuarias será transparente y estará sujeto a criterios claros. Los ingresos obtenidos con las tasas deberán destinarse exclusivamente a la aplicación de medidas de protección en los aeropuertos. La aprobación de la Directiva coincide en la misma semana en que se ha constituido el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España.
La Eurocámara aprobó ayer una Directiva que introduce un sistema común de regulación de las tasas aeroportuarias en toda la UE. La nueva norma se aplicará a 69 aeropuertos comunitarios. El objetivo de la directiva es promover la transparencia y evitar las distorsiones de competencia entre los aeropuertos comunitarios.
La Comisión Europea propuso que las nuevas normas se aplicasen a los aeropuertos con un tráfico anual de más de un millón de pasajeros. El número de aeropuertos que registraba esta afluencia en toda la UE ascendía a 150, entre ellos 24 españoles. Sin embargo, el Parlamento Europeo acordó con el Consejo, en segunda lectura, que la Directiva se aplique a los aeródromos cuyo tráfico anual sea superior a cinco millones de viajeros, así como al aeropuerto con mayor movimiento de viajeros de cada Estado miembro. De esta forma, se pretende evitar excesivas cargas administrativas y burocráticas a los aeropuertos pequeños (artículo 1).
Los aeropuertos españoles afectados por la Directiva son:
- Alicante
- Barcelona
- Gran Canaria
- Lanzarote
- Madrid
- Málaga
- Palma de Mallorca
- Tenerife Sur (Reina Sofía)
- Valencia
La legislación afectará a 69 aeropuertos de toda la Unión, de los que nueve son españoles. Los Estados miembros velarán por que las tasas aeroportuarias no establezcan discriminaciones entre los usuarios de los aeropuertos. Esto no obstaculizará un posible incremento de las tasas aeroportuarias por motivos de interés público y general, "por ejemplo en relación con el medio ambiente". Los criterios aplicados a este fin deberán ser "pertinentes, objetivos y transparentes" (artículo 3).
Esta directiva no se aplicará a las tasas percibidas para financiar la asistencia a pasajeros con movilidad reducida y discapacitados (artículo 1 párrafo 4).
Por otra parte, los Estados miembros podrán autorizar a la entidad gestora de una red de aeropuertos a establecer un sistema común y transparente de tasas aeroportuarias que abarque la red de aeropuertos (artículo 4).
Consejo Rector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España
Tal y como avanzamos en Legal Today a inicios de mes con la aprobación del Real Decreto pertinente de agilización de puesta en marcha de la agencia estatal de seguridad aérea, esta semana se ha creado el Consejo Rector de la Agencia de Seguridad Aérea.
La Ministra de Fomento ha señalado al respecto que la voluntad del Gobierno de apoyar el desarrollo de esta Agencia, y en definitiva de apoyar la mejora de la seguridad aérea, se pone de manifiesto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año que se ha enviado a las Cortes, en el que el Gobierno ha propuesto un presupuesto para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 54,7 millones de euros y para la nueva Dirección General de Aviación Civil de 9,1 M€.
Dos nuevos organismos
Con este acto, tal y como habíamos informado previamente, la Dirección General de Aviación Civil se desdobla en dos nuevos organismos: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y una nueva Dirección General de Aviación Civil.
La Agencia hereda las competencias en materia de seguridad aérea y de protección de los derechos de los pasajeros. Y la nueva Dirección General de Aviación Civil las competencias de naturaleza más política y estratégica, como son las negociaciones de los Convenios Bilaterales con otros países sobre los servicios de transporte aéreo, las obligaciones de servicio público y la tramitación de nuevos aeropuertos de interés general del Estado, entre otros, así como la representación institucional en los foros nacionales e internacionales y la elaboración de las principales normas.
