Reseñábamos hace unos días que Santander y los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de dicha ciudad se habían convertido en sede de reflexión acerca de un tema especialmente importante en un mundo prácticamente sin fronteras –y más, si cabe, en la Unión Europea-, que es el Derecho Penal Europeo. Allí, el Magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y el Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional Jesús Sánchez Lambás expusieron el retraso que lleva, y las perspectivas existentes.
Con ocasión del Encuentro "La técnica jurídica de un futuro Derecho Penal Europeo" Jesús Sánchez Lambás lamentó el retraso que, a su juicio, va a suponer el bloqueo de Inglaterra e Irlanda a la propuesta de la Comisión Europea del año 2004 donde se establecía la creación de un sistema procesal común para los países de la Unión Europea.
Sánchez considera que si esa propuesta hubiera entrado en vigor, al menos habría un sistema procesal muy importante ya en marcha, que podría estar funcionando desde finales de 2008.
Destacó, sin embargo, que el único paso en el que se ha avanzado desde que la Propuesta de la Comisión quedó derogada ha sido el sistema de traducción, un derecho que se garantiza a los seis millones de extranjeros y ciudadanos europeos que no viven en su país de origen. Dicha Propuesta se basaba en el Libro Verde sobre garantías procesales a los sospechosos y a las personas inculpadas en procesos penales.
La Propuesta de la Comisión tiene por objeto definir normas mínimas comunes relativas a ciertas garantías procesales que deben concederse en el marco de los procesos penales en la Unión Europea, para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo y reforzar en general los derechos de todos los sospechosos y personas inculpadas a través de la Unión Europea, incluidos los "sospechosos y personas inculpadas de origen extranjero" (nacional comunitario o no).
Implica cinco aspectos:
- Derecho a asistencia judicial
- Derecho a servicios de interpretación y traducción
- Derecho a asistencia consular
- Protección reforzada de los grupos vulnerables
- Declaración por escrito normalizada de los derechos fundamentales a la defensa del interesado.
¿Quiere conocer la Propuesta de Decisión Marco?
El documento constituye una primera etapa orientada a los derechos con una utilidad inmediata para el reconocimiento mutuo e irá seguida por otras medidas relativas a un trato equitativo por lo que se refiere a la obtención, el tratamiento y la utilización de los elementos de prueba a través de la Unión Europea, así como a los derechos resultantes de la presunción de inocencia.
¿De qué se ocuparía un futuro Derecho Penal Europeo, sustantivo?
En una rueda de prensa posterior al curso de la UIMP, en la que también intervino el jefe de la Unidad D.2 de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la CE, Lothar Kühl, Enrique Bacigalupo se refirió a las materias que serían objeto del Derecho Penal Europeo y que recoge el artículo 83 del Tratado de Lisboa.
Se trata de ámbitos delictivos de especial gravedad y que tengan una dimensión transfronteriza, entre los que se encuentran el terrorismo, la trata de seres humanos, la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas y armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y organizada y, también, la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
El magistrado consideró, asimismo, que las diferencias en el ámbito europeo entre el derecho penal y sancionador administrativo son "de poca envergadura".
En relación a las responsabilidades con carácter sancionador administrativo, Bacigalupo destacó que entre los años 2004 y 2009 la Comisión ha pasado de imponer multas por abuso de posición dominante a diferentes empresas por importe de 151,9 millones de euros a 1.060 millones.
