Rechaza que se plantee descentralizar el CGPJ porque sería contrario al diseño del Poder Judicial que fija la Constitución
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, consideró hoy «positivo» que se agote la investigación sobre un supuesto delito de torturas cometido contra el etarra Alberto Viedma, pero matizó que el amparo que le ha sido concedido por el Tribunal Constitucional (TC) «no quiere decir en absoluto» que se hayan producido los hechos, y se inclinó porque el resultado de las nuevas diligencias pondrán de manifiesto «lo infundadas» que en muchas ocasiones son las denuncias de este género por parte de los miembros de la banda terrorista.
En declaraciones a Europa Press Televisión, López señaló que de este caso –en el que el TC ha decidido conceder el amparo a una persona detenida en 2002 por la Guardia Civil en el País Vasco y que denunció un presunto delito de torturas, al entender que el juzgado no lo investigó de forma 'eficaz', por lo que le ordena reabrir la instrucción de la causa–, se va "a tomar nota" en el Consejo, y siempre que existan indicios, los jueces deberán agotar "al máximo" las investigaciones.
El fallo que ha justificado la concesión del amparo alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del Constitucional que recuerdan que si existe una sospecha 'razonable' de tortura y que si ésta es disipable, 'deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso'.
DEBATE POLÍTICO SOBRE EL CGPJ
Sobre las diferencias de criterio entre el PP y PSOE en torno a la posibilidad de descentralizar el órgano máximo de gobierno de los jueces, López señaló que llevarlo a cabo tendría como resultado un sistema "defectuoso" en el que no se aseguraría que las decisiones que adopten los Consejos Autonómicos vayan a ser controladas por el CGPJ.
"Nuestro Poder Judicial está plenamente ligado al hecho autonómico, no es necesario descentralizarlo porque la Constitución diseñó el Poder Judicial como único e independiente, que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la Ley en todo el territorio nacional", matizó.
Por último, insistió en la idea de que las dos fuerzas políticas mayoritarias han de renunciar "mutua y recíprocamente" a sus programas electorales para volver a un "espíritu de pacto de Estado" sobre temas judiciales.
