Estas semanas se está preparando un plan de lucha contra el fraude que modificaría el Código Penal. Al parecer, el Gobierno seguirá dejando fuera de cualquier tipo de medida fiscal y punitiva a las SICAV, instrumentos de inversión de las grandes fortunas.
Tal y como anunció en su comparecencia el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el nuevo plan contra el fraude fiscal redundará positivamente en las arcas públicas, de manera que una actividad recaudadora más ajustada merme en alguna medida la situación actual de déficit público. Sin embargo, y según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) seguirán “intocables”.
Cuando se gasta o se ha de gastar más de lo que se tiene, empiezan los recortes y la identificación de deudores. Eso es lo que está haciendo desde hace un tiempo la Administración Pública, para cerrar los desagües clandestinos que restan dineros al Estado.
En ello, la Inspección de Hacienda tiene su opinión, y la está dando. Ya nos hicimos eco la semana pasada de cómo la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado mostraba su desacuerdo con unos planes de "tanto se detecta, tanto se cobra". Ayer, dicha organización y Gestha, que agrupa a los Técnicos del Ministerio de Hacienda se mostraron en contra de dejar indemne, de nuevo, la fiscalidad de las SICAV.
Las SICAV son Sociedades Anónimas que tienen por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, disfrute y administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros para compensar por una adecuada composición de sus activos, los riesgos y los tipos de rendimientos sin participación mayoritaria económica o política en otras sociedades. Tiene un régimen fiscal muy favorable. Se calcula que existen en España más de 400.000 personas que tienen sus ahorros en SICAV, algunos privados -como los que poseen Amancio Ortega o Alicia Koplovitz– y otros que se comercializan y suscriben libremente. Se rigen por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El patrimonio total gestionado por las SICAV al cierre del tercer trimestre de 2009 aumentó un 4,3% con respecto al volumen total contabilizado en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 25.661 millones de euros.
Desde ambas organizaciones se propone un mayor control fiscal de estos instrumentos de inversión, identificar los focos de economía sumergida y el establecimiento de fórmulas de coordinación entre la Administración Tributaria estatal y las de las Comunidades Autónomas, sobre una base de datos compartida; así como avanzar en el desarrollo de la estructura de los puestos de trabajo de los técnicos del Ministerio.
