Las asociaciones de jueces acudieron ayer a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar sus posiciones acerca de lo ocurrido desde mediados de enero, cuando se pusieron en marcha los acontecimientos que llevaron a la huelga de jueces de la semana pasada. Coincidieron en puntualizar que la situación se ubica al margen de ideologías políticas o partidos, que las precariedades materiales en la Justicia se llevan arrastrando años y que, a pesar de que en la recta final Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se quedaron solas ante la convocatoria, las asociaciones estaban de acuerdo en la existencia de carencias.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, los representantes de las cuatro principales asociaciones desgranaron los motivos que les impulsaron a firmar el "Documento reivindicativo Carrera Judicial" el 12 de enero. Al mismo tiempo, mostraron su disponibilidad para dialogar y resolver la situación.
De todos modos, los jueces se mantuvieron firmes en sus peticiones, añadiendo que si las cuestiones no se solucionan, o no se sientan vías serias para que todo salga adelante, irán a la huelga el día 26 de junio, tal y como está planteado desde el primer momento.
El portavoz de Francisco de Vitoria, agrupación que se ha mostrado más activa en esta temporada, sintetizó en su turno cómo ven sus asociados el estado de cosas:
- Hay un acuerdo unánime de las asociaciones judiciales, lo cual evidencia que se excluye en planteamiento político o ideológico.
- Son varias las legislaturas de "carencias y abandonos", por parte de los gobiernos, estatales y autonómicos; de cualquier signo político.
- Se ha dado, en opinión de los jueces, un exceso de responsabilidad personal mal entendida tanto por la opinión pública como por los políticos; al querer asumir todos estos años los jueces esos defectos materiales en las sedes judiciales.
- Permanecen las heridas que creó el anterior pleno del CGPJ, con dos años en funciones sin que las fuerzas políticas diesen respuesta a la renovación de este órgano constitucional; prevaleciendo las luchas partidistas.
- Tras el Pacto de Estado para la Justicia, no se ha plasmado ninguna medida concreta para la mejora del servicio público.
- La renovación del actual CGPJ ha vuelto a repetir los esquemas de reparto de los vocales entre los partidos, dejando sin representación al 70% de la carrera judicial e incumpliendo lo dispuesto en el art. 122 de la Constitución, conforme a cómo interpretó la Sentencia del Tribunal Constitucional, que veía en su momento el peligro de politización del órgano de gobierno de los jueces.
Sentados estos puntos, las asociaciones coincidieron en admitir que la responsabilidad y la función social que ostentan les impulsa a avanzar por el camino del diálogo. Además, un nuevo Ministro abre expectativas que anteriormente eran implanteables, dadas las dificultades personales que implicaba Mariano Fernández Bermejo para gran parte de la carrera judicial.
