El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer tres iniciativas sobre competencias del Ministerio del Interior: el Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales; el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario de 1996, y el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias 2022-2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que la nueva ley orgánica, que ahora se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, mejorará «el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada» al facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acceso directo e inmediato al Fichero de Titularidades Financieras y a la información y análisis del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Por otra parte, la modificación del Reglamento Penitenciario permitirá que los internos puedan utilizar herramientas tecnológicas como las videollamadas en sus comunicaciones con el exterior, «facilitándoles así el ejercicio de sus derechos», dijo el ministro.
Respecto al II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias, Grande-Marlaska afirmó que sus dos grandes objetivos son mejorar la prevención, investigación y lucha policial, y ofrecer asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas.
Entre las 86 medidas que contiene, el Plan recoge la creación de grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas. Esta medida fue planteada en septiembre pasado en la Comisión de Seguimiento del I Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021.
Grande-Marlaska expresó su preocupación por el incremento de los delitos de odio en los últimos años, tanto en España como en el resto de la Unión Europa. Concretamente en nuestro país, detalló, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio en 2021 frente a los 1.272 en 2016, lo que representa un incremento de un 41,6% en 5 años: «Son cifras que por sí solas describen un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes».
El ministro subrayó la necesidad de «frenar esta tendencia al alza que muestran las estadísticas y reducir el fenómeno de la infradenuncia para impedir que estos comportamientos que nos agreden a todos queden sin el necesario castigo».
