El CGPJ regula la figura de los Jueces de Adscripción Territorial. De ese modo se garantiza que los Jueces pertenecen a la carrera judicial y son profesionales. Era desde hace tiempo una de las reivindicaciones más fuertes de los Jueces.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la Instrucción Reguladora sobre los Jueces de Adscripción Territorial, que permitirá que los primeros jueces que asuman esta nueva función comiencen a trabajar a partir del próximo 30 de septiembre de 2010. Estos Jueces son miembros de la Carrera Judicial que tendrán el cometido de cubrir las vacantes, ausencias temporales del titular del órgano judicial o llevar a cambio funciones de refuerzo en la provincia para la que han sido designados.
Mediante la creación de esta figura, auspiciada desde tiempo atrás por el Consejo General del Poder Judicial, se persigue mejorar la calidad del servicio público, ya que buena parte de la actividad desarrollada hasta ahora por magistrados suplentes y jueces sustitutos va a ser realizada por jueces profesionales.
Con los jueces de adscripción territorial se reducirá la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales al potenciarse la cobertura temporal o el refuerzo de los órganos judiciales por medio de jueces de carrera.
Estos jueces ejercerán en la provincia para la que han sido designados, si bien, excepcionalmente, podrán actuar en otra provincia distinta pero siempre incluida en el ámbito del TSJ del que dependen.
La Instrucción aprobada hoy desarrolla las pautas contenidas en el artículo 347 bis de la LOPJ. La Instrucción ofrece una serie de criterios interpretativos que, sin perjuicio de la futura reforma del Reglamento de la Carrera Judicial , sirvan para implementar esta nueva figura.
La Instrucción establece como fórmula estándar de acceso a estas plazas la del concurso reglado y la ulterior adjudicación a los participantes con mejor puesto en el escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto para las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio en las que se aplicará las disposiciones legales establecidas actualmente.
