Aunque desde que saltó la noticia del pinchazo telefónico a una conversación de la Presidenta del TC se defendió su inocencia desde todos los estamentos interesados, la revelación íntegra del diálogo de ambas ayer ha hecho que se cuestiones su permanencia al frente del órgano.
La revelación ayer en el diario El País de la conversación íntegra entre la Presidenta del Tribunal Constitucional y una mujer, hoy en prisión por inducción al asesinato de su ex marido, donde María Emilia Casas insta a su interlocutora a tenerla al corriente en caso de que acudiese en Amparo al Tribunal ha provocado una cascada de valoraciones. Si bien en todas se salva la imagen de María Emilia Casas en el sentido de que no reconocen un ilícito penal en su conducta, sino que instan simplemente a que la Presidenta haga manifestaciones al respecto; sí es cierto que todos coinciden en que pone al órgano constitucional en una situación de descrédito sin precedentes. En el interior de los partidos, especialmente el Partido Popular, se vería bien una retirada personal de Casas.
Aunque estrictamente hablando es probable que la conducta de Casas no esté tipificada ni el en Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la opinión pública ha podido ver la predisposición de la Presidenta a intervenir personalmente no ya en la opinión que le merece un caso, sino a tomar la iniciativa de hacer una llamada, direccionar a determinados profesionales y mirar con especial atención un recurso de amparo por ser la persona que lo insta conocida de ella. Es llamativo también en la situación que vive ella hoy por hoy, considerando que continúa en su cargo en virtud de una prórroga que salió adelante por no permitir votar a dos magistrados, uno de ellos el difunto García-Calvo, exigiéndoseles un grado de independencia y apartamiento de convicciones personales y medida de la profesionalidad superior al que parece haberse exigido a sí misma.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, opinó ayer mismo que Casas, debería reconocer "que ha cometido un desliz", por "exceso de buenismo" y aunque "no merece reproche penal", sí ha cometido una falta "ética y deontológico".
Juan Pablo González, vocal del Consejo General del Poder Judicial manifestó que "Este tipo de situaciones pueden deteriorar la imagen del Tribunal".
Federico Trillo, portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso ha manifestado al respecto que "institucionalmente, la presidenta ha puesto al Constitucional en una situación insostenible y la salida está en sus manos. Ella tiene que saber valorarlo".
