Se solicita la derogación de la Ley de Violencia de Género en los mismos días en que el Juez Serrano, quien cuestionó la dinámica de las denuncias por maltrato, ha anunciado que denunciará por injurias a la Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Un total de setenta y un asociaciones solicitarán a las Cortes Generales la derogación de la actual Ley de Violencia de Género, calificada por estas asociaciones de “violenta” por lesionar la presunción de inocencia. Con motivo del cumplimiento de cinco años desde que se aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las asociaciones valoraron en un comunicado que se trata de “una ley que atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un estado democrático”.
Días después de hecha pública la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba conforme a la Carta Magna el controvertido artículo 153.1 del Código Penal, David Berrocal recordaba que "nuestra Constitución establece en el artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El principio de igualdad ante la ley proclamado en este precepto ha sido objeto de una numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y supone, en síntesis, que a supuestos de hecho iguales deben aplicárseles consecuencias jurídicas iguales y que cualquier diferencia de trato necesita estar justificada adecuadamente, no pudiendo, en todo caso entre otras y por lo que aquí nos interesa en razones de sexo".
Seguía clarificando que "en la redacción dada a los artículos 153. 1, 171. 4 y 172.2 del Código Penal por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el caso de que se produzca un maltrato mutuo entre la pareja, la ley castiga con mayor pena al varón que a la mujer, teniendo una misma conducta o hecho como una pena mayor si dicha conducta o hecho la comete el hombre sobre su mujer y menor pena si la comete la mujer sobre el hombre compañero, es decir, únicamente tiene una pena mayor si el maltrato lo comete un hombre frente a su pareja de vida solo en caso de que sea una mujer, únicamente en parejas heterosexuales, dejando sin contemplar aquellas parejas formadas por personas casadas o unidas por una análoga relación de afectividad y del mismo sexo".
El presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, Fernando Basanta, ha valorado que el ordenamiento jurídico salvaguarda la mencionada presunción de inocencia "a excepción de la Ley de Violencia de Género, en la que se da la presunción de culpabilidad". Hace unos días, nos hacíamos eco en Legal Today del caso de Canarias.
Basanta hizo alusión a la injusticia por el que muchos hombres son inculpados al presentar sus parejas denuncias falsas en muchos casos para alejar a los hijos de ambos del padre ya que, según sus palabras, "muchas mujeres, más que el miedo han perdido la vergüenza para denunciar sin motivo, aunque sí con una gran motivación, al saber que la ley les otorgaba un arma de destrucción para saciar todo su despecho". Al respecto, se refirió a que la ley debería contemplar también la vulnerabilidad de niños, ancianos y también hombres, puesto que al igual que las mujeres, reciben "en numerosas ocasiones" malos tratos. Por esto, no se debería distinguir entre mujeres y hombres maltratados, sino entender que se trata de personas maltratadas, para las que deberían existir "centros de acogida comunes".
Juez Serrano
El titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, interpondrá hoy lunes una denuncia por injurias contra la Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, tras las declaraciones que ésta realizó a raíz de las opiniones vertidas públicamente por el Juez acerca de la poca credibilidad que le inspiraban algunas denuncias de malos tratos y la situación de inferioridad que tiene el hombre en estos casos.
El comunicado de Inmaculada Montalbán, fechado el 14 de diciembre, decía exactamente esto:
COMUNICADO DE LA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en relación con las declaraciones vertidas en un diario nacional por el Magistrado del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, en las que se refiere al "mito de las denuncias falsas" y a la ausencia de condenas o de datos sobre muertes violentas de hombres en el ámbito familiar, desea informar a la opinión pública lo siguiente:
Primero. Las acusaciones o denuncias falsas por violencia de género no son más frecuentes que en otros delitos.
El Magistrado, cuando insiste en el tópico de las denuncias falsas, ignora u oculta el estudio realizado por el Grupo de Magistrados y Magistradas expertos del Consejo General del Poder Judicial, un estudio que proporciona un nivel de confianza y fiabilidad del 99 por ciento. Solo en una sentencia de las 530 analizadas, la Audiencia Provincial apreció indicios para abrir una investigación contra la denunciante por posible denuncia falsa.
Segundo. La gran mayoría de las sentencias del referido estudio (casi el 85 por ciento) son condenatorias, lo que unido al dato de que son sentencias firmes que revisan otras anteriores y, por tanto, definitivas, podemos concluir que tenemos un mecanismo que garantiza la declaración de responsabilidad de los autores de violencia de género.
Tercero. Las afirmaciones realizadas por el referido Magistrado, en relación a detenciones injustificadas por denuncias de malos tratos o escasez de las condenas, carecen de rigor y fundamento alguno, denotan falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer, además de falta de sensibilidad ante un problema social de derechos humanos. Pero lo más grave es que parece imputar ligereza o arbitrariedad a los jueces y Magistrados que acordaron en su día las detenciones u otras medidas cautelares a que se refiere el entrevistado, lo que resulta especialmente inadmisible cuando es precisamente un Juez quien hace estas afirmaciones.
Cuarto. No se ocultan datos. El Magistrado una vez más ignora los informes anuales del CGPJ sobre muertes en el ámbito de la violencia doméstica y de género, donde se contienen tanto los datos relativos a número de mujeres como de hombres o hijos que perdieron la vida a causa de la violencia.
Sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las presentes declaraciones, la Presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán ,recuerda que la erradicación de la violencia de género necesita del compromiso activo de todas las instituciones y de la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres. En este camino en nada ayudan declaraciones carentes de rigor, sensibilidad y conocimiento de este problema social.
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Posteriormente, el CGPJ, ante la petición del Foro Judicial Independiente de desautorizar el comunicado institucional y someter al próximo Pleno del organismo lo ocurrido por considerar que "constituye un ataque ilegítimo al ejercicio del derecho fundamental a expresar libremente opiniones que asiste a todo miembro de la Carrera Judicial", matizó que las palabras de Montalbán eran a título personal. Este cruce de declaraciones ha motivado numerosas adhesiones de colectivos de toda España tanto a la postura defendida por Serrano como a la mantenida por Inmaculada Montalbán.
Junto a la denuncia, el Juez y su Abogado presentarán un acta de conciliación para tratar de que varias asociaciones se retracten de los "improperios" que han suscrito contra Serrano.
¿Saben quién es el Abogado del Juez? Joaquín Moeckel, el que ganó a la SGAE.
