- Asegura que garantizará la «autonomía» de los fiscales al dotar de «mayor» transparencia las daciones de cuentas
Teresa Peramato, la candidata del Gobierno para asumir el cargo de fiscal general del Estado, ha pedido este jueves al Congreso que apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, pero ha reclamado de cara a dicha reforma más autonomía y más plazas. «Aspiramos a más», ha señalado.
Así se ha pronunciado en el marco de la Comisión de Justicia que examina si cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir la jefatura del Ministerio Público. Cabe recordar que García Ortiz renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
«Quiero hacer desde aquí un público llamamiento al consenso parlamentario, para que este hito histórico, esta norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal, sea aprobada desde el diálogo y el acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española», ha apuntado.
Se trata de una reforma, que se encuentra en tramitación parlamentaria, que dejaría en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora asumen los jueces de instrucción.
Peramato ha incidido en que este cambio de modelo procesal ha de llevar consigo «un replanteamiento de la normativa reguladora del Ministerio Fiscal y un blindaje de su autonomía e independencia en todos los ámbitos: organizativo, funcional, presupuestario, formativo y también digital».
En este sentido, ha asegurado que, si asume la jefatura de la Fiscalía, se propondrá garantizar la «autonomía individual de las y los fiscales». Según ha dicho, lo hará «a través de una mayor clarificación, homogeneización y transparencia del régimen de dación de cuenta, discrepancias, toma de decisiones y formación de criterio de la Fiscalía».
Ve «importantes mejoras» en el camino
«Otra reflexión que no por poco novedosa resulta menos perentoria es la de la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, que sin duda debe tener el reflejo en el personal auxiliar de las Fiscalías», ha apuntado.
En la misma línea, Peramato ha destacado que al «déficit estructural de medios personales» se unen las «crecientes funciones que con las últimas novedades legislativas se atribuyen al Ministerio Fiscal, más aún con la futura entrada en vigor del nuevo modelo procesal que aconseja adaptar las plantillas y los medios de apoyo de manera progresiva».
Al hilo, ha incidido en que junto a la nueva LECrim se encuentra también la tramitación de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que, a su juicio, «apunta ya importantes mejoras en la materia de autonomía».
En este punto, ha mencionado la nueva regulación que pretende que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno que le nombre; el hecho de que se impulse una mayor transparencia en las comunicaciones con el Ejecutivo; o «el agotamiento de la imposición de sanciones en la figura del fiscal General del Estado, sustrayéndolas, por lo tanto, del Ministerio de Justicia».
Así las cosas, Peramato ha reconocido que «son importantes mejoras». «Pero aún aspiramos a más», ha añadido. Por ejemplo, ha hecho referencia al hecho de que en 2024 se reconvirtieron 219 plazas de abogado fiscal a fiscal de segunda categoría, algo que considera que ha supuesto «un importante reequilibrio entre categorías».
«Reconocemos al Ministerio de Justicia este esfuerzo, pero –sin duda– sigue siendo insuficiente para paliar el déficit estructural con el que nos encontramos», ha manifestado.
